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  • Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada.| Giovanni Boccaccio

martes 7, de mayo , 2024

Piden a la Justicia que los atentados y crímenes de los Montoneros se declaren imprescriptibles

Hace unos días, la Justicia Federal, a través de la jueza María Servini de Cubría, recibió un pedido para la reapertura de la investigación de uno de los atentados más crueles de la organización Montoneros, que 45 años después sigue impune. Hablamos del ataque con una bomba de alto poder explosivo colocada el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que mató a 24 personas y causó más de 60 heridos y mutilados.
Hasta la voladura de la AMIA, en 1994, aquel atentado fue el más sangriento de la historia argentina. El pedido de imprescriptibilidad fue presentado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto con otras entidades civiles y familiares de víctimas, y cuenta con el respaldo de alrededor de 400 abogados, quienes consideran que fue un delito de lesa humanidad. En poco tiempo presentarán nuevos escritos contra las organizaciones Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, Gerardo Palacios Hardy, vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, explicó que este trabajo por lograr la imprescriptibilidad se desarrolla desde hace más de 15 años, así como otras cosas fundamentalmente centradas en la “asimetría con que se ha tratado la Argentina, fundamentalmente en el Poder Judicial”. Es que consideran que no recibieron el mismo trato los delitos cometidos por una parte respecto de la otra. Mientras unos fueron detenidos y condenados a perpetua, los otros no solo no fueron condenados, sino que incluso recibieron indemnizaciones. “Hemos hecho un estudio en su momento con una estimación de lo que se ha invertido para indemnizar a los terroristas y estaría en los 3.000 millones de dólares. Es un estudio que hicimos con profesionales muy serios y expertos en control presupuestario”, dijo, y agregó que “además de esto, son objeto de homenajes de todo tipo, hay calles que llevan el nombre de terroristas”.
Fue así que decidieron darles a los jueces “una nueva oportunidad de rectificar este monstruo que han generado durante estos años”.
La presentación judicial hace hincapié en las 5.200 bombas colocadas por las organizaciones terroristas e insiste en que “la capacitación y entrenamiento militar de los miembros de Montoneros incluía el manejo, transporte y colocación de explosivos”. La bomba que segó la vida de 24 personas en el comedor de la institución policial fue fabricada por la propia organización y colocada por un policía que, al mismo tiempo, era militante de Montoneros. A esas personas se suman otras diez que murieron en días posteriores, mientras que otros quedaron discapacitados y algunos incluso se suicidaron debido a las secuelas psicológicas. Atentados o actos terroristas hubo entre 5.000 y 7.000 casos.
Néstor Kirchner en 2003, al cambiar los jueces de la Corte, cambió también distintas doctrinas que siguen los jueces federales. En el escrito se aclara que algunas de las asociaciones firmantes sostienen que tanto los delitos cometidos por las fuerzas estatales como los de los grupos terroristas guerrilleros en los enfrentamientos armados de los años 70 están prescriptos y amnistiados. Y entienden que los crímenes que se les imputan “no estaban contemplados como delitos de lesa humanidad en ninguna norma escrita”, dado que el Estatuto de Roma, que tipifica esos delitos, entró en vigencia para la Argentina en 2003 y en su artículo 24 prohíbe su aplicación retroactiva.
Sin embargo, observan que todos los tribunales federales adhieren a la doctrina sentada por la mayoría de la Corte Suprema, en el sentido de que tales delitos no requerían tipificación por escrito previa, por cuanto se trataría de crímenes de lesa humanidad, sancionados desde siempre por el derecho de gentes, los cuales resultarían, a su vez, imprescriptibles e imperdonables.
En virtud de esto, solicitan la detención de los jefes de aquellas organizaciones a fin de que reciban el mismo juzgamiento que tuvieron los militares.

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