Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza propone la creación de una oficina de la Subdirección de Fiscalización y Habilitación en San Rafael, con el objetivo de descentralizar y agilizar los trámites vinculados a la habilitación y control de establecimientos de salud en el sur provincial.
La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, que evalúe la instalación de esta dependencia en el departamento sureño, con competencia operativa para recepcionar, tramitar y hacer seguimiento de las gestiones exigidas por la normativa vigente.
Según se fundamenta en el proyecto, la medida se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial Nº 5532, que obliga a toda persona o entidad que desee poner en funcionamiento un servicio de salud a contar con la autorización previa de la autoridad sanitaria. Este requisito no solo ordena el sistema, sino que garantiza condiciones mínimas de calidad, seguridad y control en prestaciones sensibles para la comunidad.
Actualmente, estos trámites se concentran en el Gran Mendoza, lo que genera dificultades concretas para los departamentos del sur como San Rafael, General Alvear y Malargüe.
LA DISTANCIA SIEMPRE PRESENTE
Las distancias, los costos de traslado, las demoras administrativas y las dificultades para realizar inspecciones presenciales son señaladas como obstáculos que afectan tanto a los prestadores como al acceso de la población a servicios de salud habilitados.
En ese sentido, la propuesta apunta a corregir una histórica asimetría territorial, acercando el Estado a una región que supera los 300 mil habitantes. La instalación de una oficina local permitiría reducir tiempos, simplificar procesos y mejorar la capacidad de control sobre clínicas, consultorios y demás efectores sanitarios.
Además, se destaca que una fiscalización más cercana y eficiente es fundamental para prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de protocolos, tanto para pacientes como para trabajadores de la salud. La iniciativa también busca generar mayor previsibilidad para quienes invierten y desarrollan actividades dentro del sistema sanitario.
“El objetivo no es solo acercar una ventanilla administrativa, sino fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio y mejorar la calidad del sistema de salud”, se desprende de los argumentos del proyecto.
