Gustavo Cantero, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza, anunció una serie de actualizaciones normativas que amplían el universo de beneficiarios que pueden cancelar sus deudas hipotecarias. La medida busca incluir a familias que obtuvieron su casa a través de operatorias antiguas gestionadas por cooperativas, uniones vecinales e instituciones que hasta ahora no estaban contempladas en la normativa de regularización.
INCLUSIÓN DE VIEJAS OPERATORIAS PARA FOMENTAR LA CANCELACIÓN
El IPV detectó que, a pesar de los buenos resultados obtenidos con la Ley 9378 (y su ampliación, la 9571), había instituciones jurídicas que quedaban fuera del proceso de regularización. «Haciendo un análisis de la ley, detectamos que había instituciones jurídicas como los municipios, las cooperativas y las uniones vecinales que no estaban incluidas en este tipo de regularización», dijo Gustavo Cantero a FM Vos 94.5.
Más adelante, explicó que estas operatorias descentralizadas son muy antiguas y, aunque los beneficiarios quisieran cancelar, la ley no lo permitía. La modificación ya está publicada y tiene vigencia inmediata. «Antes, las cooperativas o uniones vecinales no podían inscribirse, por lo tanto, no podían regularizar su situación, aunque quisieran y tuvieran la plata. Con la ley antigua, aunque deseaban cancelar, no podían porque no los contemplaba», aseguró.
«Con sentido común y responsabilidad, y asumiendo ese error, lo hemos normalizado. Así que hoy, el 100% de las personas con crédito IPV pueden venir, cancelar la deuda y obtener el registro para poder disponer de su vivienda», destacó en otro tramo de la charla.
BENEFICIOS E IMPACTO ECONÓMICO
El funcionario destacó el éxito de los planes de regularización vigentes, que han generado ingresos significativos y han permitido a miles de familias acceder a la escritura. «Desde la implementación de la ley, los datos son muy buenos: empezamos con 50.000 escrituras y, hoy en día, tenemos más de 25.000 regularizaciones y cancelaciones de viviendas, que representan más de 1.000 millones de pesos para las arcas provinciales del IPV», enfatizó.
Los beneficios de cancelación se mantienen para fomentar la responsabilidad del deudor. «Hay beneficios del 60% hasta el 40%, y los que están al día tienen entre un 10% y un 20% adicional de beneficios. El Estado sigue siendo contemplativo, pero apelamos a la responsabilidad de la gente para que la política de vivienda pueda ser continuada», expresó Cantero.
DESCENSO DE LA MORA Y LLAMADO A LA COMUNIDAD
Cantero se mostró optimista sobre la movilización de nuevos créditos por esta ampliación, y reportó una baja significativa en la mora de los créditos, aunque admitió que la situación económica es crítica. «Cuando iniciamos la gestión estábamos en el orden del 57% [de mora] Hemos bajado cerca de 20 puntos, estamos en el orden del 37%», calculó.
Por último, hizo un llamado a los deudores a no paralizarse por miedo y a acercarse al organismo para buscar soluciones personalizadas. «Le pedimos a la gente que no dejen de pagar, que venga al IPV y comenten su situación. Nosotros estamos para eso; para tratar de solucionarles los problemas y hacer un plan de pago adecuado a los ingresos familiares», culminó.
