La nueva interrupción del paso de Vélez Sarsfield volvió a exponer un problema que trasciende las responsabilidades municipales y provinciales. Mientras oficialismo y oposición cruzan cuestionamientos, cientos de sanrafaelinos necesitan respuestas y una inversión conjunta que garantice la conectividad.
El puente badén de la avenida Vélez Sarsfield, a la altura de Pobre Diablo, volvió a convertirse esta semana en noticia. Y, lamentablemente, no por una buena razón. Una importante crecida del río Diamante provocó nuevos inconvenientes en una conexión vial fundamental para cientos de vecinos que diariamente utilizan ese camino para trasladarse entre la Ciudad y diferentes barrios y localidades de la zona sur de San Rafael.
El episodio dejó imágenes que rápidamente circularon por las redes sociales, explicaciones técnicas desde el Municipio y una inmediata reacción de dirigentes opositores que encontraron en lo sucedido una nueva oportunidad para cuestionar a la administración de Omar Félix.
Sin embargo, detrás de las imágenes, las declaraciones y las disputas políticas aparece una realidad mucho más importante: otra vez son los sanrafaelinos quienes padecen las consecuencias de un problema que, independientemente de las jurisdicciones y responsabilidades, necesita una solución duradera.
Hace menos de dos meses, el Municipio había concluido una importante intervención para recuperar el paso, que había sufrido graves daños durante las crecidas de enero. La obra incluyó la reconstrucción del terraplén, defensas y una nueva carpeta asfáltica. El propio intendente Omar Félix había supervisado los trabajos desarrollados en el lugar.
Esta semana, ante el extraordinario incremento del caudal, el sector volvió a quedar inhabilitado. Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que los denominados «fusibles» cumplieron la función para la que habían sido diseñados: permitir el escurrimiento del agua y evitar daños estructurales en el puente. Según la comuna, la estructura principal permaneció intacta y, una vez que las condiciones lo permitan, se avanzará en la recuperación del tramo afectado.
La explicación técnica merece ser considerada. Sería irresponsable atribuir una falla constructiva sin contar con elementos que permitan demostrarla. Pero también sería equivocado conformarse con saber que el puente resistió mientras el camino vuelve a permanecer interrumpido.
Porque, para quien necesita llegar a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, concurrir a una consulta médica o simplemente trasladarse de un sector a otro de San Rafael, la discusión sobre los fusibles resulta secundaria frente a una pregunta mucho más concreta: ¿hasta cuándo habrá que convivir con estas interrupciones?
Una disputa que no construye puentes
Como era previsible, la situación también tuvo su capítulo político. Los concejales Juan Pablo Vignone y Adrián Reche, junto al senador provincial Leonardo Yapur, entre otros dirigentes, se acercaron al lugar, registraron imágenes y difundieron cuestionamientos a la gestión municipal.
La oposición tiene el derecho y la obligación de controlar cómo se utilizan los recursos públicos, particularmente cuando se trata de obras de infraestructura. Eso forma parte de sus responsabilidades institucionales y es saludable para cualquier democracia.
Pero una cosa es ejercer el control y otra muy distinta es reducir un problema de semejante importancia a una oportunidad para obtener rédito político.
Y aquí aparece un aspecto que no debería quedar al margen de la discusión: en el sector confluyen responsabilidades de diferentes organismos. Además del Municipio, existen competencias vinculadas al manejo del cauce y las condiciones hidráulicas que involucran a la Dirección de Hidráulica de Mendoza y al Departamento General de Irrigación.
Es decir que estamos frente a un escenario que demanda algo más que una intervención municipal aislada. Requiere planificación, estudios técnicos, coordinación y, fundamentalmente, decisiones compartidas.
No se trata de eximir de responsabilidades al gobierno de Omar Félix ni de adjudicarle culpas automáticas a la administración provincial de Alfredo Cornejo. Se trata, precisamente, de abandonar esa lógica en la que cada inconveniente termina convirtiéndose en una competencia para determinar quién tiene más responsabilidad y quién consigue sacar mayor provecho político.
Si el Municipio puede ejecutar una obra, si la Provincia tiene competencias sobre el cauce y si Irrigación interviene en la administración del recurso hídrico, lo razonable sería que todas las partes se sienten a una misma mesa para evaluar una solución integral.
Y si los dirigentes opositores cuentan con llegada a las autoridades provinciales, tienen allí una excelente oportunidad para transformar sus cuestionamientos en gestiones concretas.
Sería mucho más beneficioso para los vecinos ver a representantes de diferentes espacios políticos impulsando conjuntamente una solución que seguir observando cómo se acumulan videos, acusaciones y declaraciones cruzadas.
San Rafael necesita obras, no disputas interminables
El caso de Pobre Diablo representa, en pequeña escala, uno de los grandes problemas que enfrenta San Rafael desde hace años: las dificultades para construir acuerdos institucionales que permitan concretar inversiones estratégicas, independientemente de las diferencias partidarias.
La relación política entre el Municipio y la Provincia atraviesa desde hace tiempo un escenario de desencuentros que, con demasiada frecuencia, termina trasladándose a cuestiones que deberían estar por encima de cualquier disputa electoral.
Y los vecinos no votan para que sus representantes se dediquen a obstaculizarse mutuamente. Votan para que administren, gestionen, controlen y encuentren respuestas.
En este caso, la solución definitiva exige determinar técnicamente qué infraestructura necesita el paso de Vélez Sarsfield para soportar las crecidas del río Diamante, qué intervenciones corresponden sobre el cauce y cómo deben distribuirse las responsabilidades y los recursos necesarios.
Tal vez se requiera una inversión considerablemente superior a las ejecutadas hasta ahora. Tal vez haya que reconsiderar características del cruce o avanzar en obras hidráulicas complementarias. Son definiciones que deben surgir de estudios especializados, no de especulaciones políticas.
Lo que no parece razonable es naturalizar que, ante cada crecida importante, una conexión utilizada por numerosos sanrafaelinos vuelva a quedar fuera de servicio.
Este 24 de octubre, cuando San Rafael honra a su Santo Patrono, también resulta oportuno reflexionar sobre la necesidad de recuperar un objetivo común: trabajar por el crecimiento y el bienestar de nuestra tierra, dejando de lado aquellas mezquindades que tantas veces condicionan su desarrollo.
El puente de Pobre Diablo no necesita convertirse en un nuevo símbolo de la confrontación entre el Municipio y la Provincia. Necesita transformarse en un ejemplo de cooperación institucional.
Porque las diferencias políticas pueden ser legítimas y hasta enriquecedoras. Lo que no debería admitirse es que esas diferencias impidan encontrar soluciones para la comunidad.
Los vecinos no necesitan saber quién gana la discusión. Necesitan poder cruzar el río.
Y San Rafael necesita, de una vez por todas, que sus dirigentes comprendan que hay obras que deben unir mucho más que dos orillas.
