La polémica por el informe sobre el impacto económico de la Vendimia y los festivales de Mendoza sumó un nuevo capítulo. La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública ratificó un criterio que puede tener impacto directo sobre el caso: los agentes públicos no pueden desempeñarse simultáneamente como proveedores del Estado.
La intervención de Ética Pública se produjo luego de que el concejal Martín González denunciara posibles incompatibilidades y conflictos de intereses en torno a la elaboración y el pago del estudio difundido por la Subsecretaría de Cultura. En su presentación, el edil pidió que se investigara la situación de empleados de la Provincia y de la Municipalidad de Godoy Cruz que aparecían vinculados con el trabajo.
El caso había quedado bajo la lupa luego de que El Sol revelara que el informe sobre el impacto de la Vendimia había sido elaborado por un estudio identificado como “Estudios.S”, dirigido por el sociólogo Mariano Peroni, actual empleado de la Dirección de Industrias Creativas, mientras que parte del trabajo había sido facturado por Andrea Gélvez, empleada de la Municipalidad de Godoy Cruz.
En ese momento, el Gobierno aclaró que no existió una contratación con esa consultora y los pagos fueron realizados directamente a dos profesionales externos. No obstante, en la presentación oficial del informe ante los medios, se encontraban presentes ambos empleados y el escrito difundido incluía el logo de dicha consultora e incluso mencionaba como responsables del estudio a Mauricio Peroni, Andrea Gélvez y Pablo Potaschner.
Según información que pudo recabar este diario, no era la primera vez que dicha consultora participaba en trabajos vinculados al área cultural de la provincia. En 2024 intervino en un relevamiento destinado a recopilar información sobre las características y condiciones de los emprendedores de las industrias creativas de Mendoza, un estudio impulsado por la propia Dirección de Industrias Creativas para elaborar un diagnóstico del sector. Esa participación previa refuerza el vínculo entre la consultora y Cultura de la provincia.
Qué dijo Ética Pública
En el análisis incorporado al expediente, la Oficina de Ética Pública recordó que ya había fijado posición sobre este tipo de situaciones y sostuvo que un agente del Estado no puede, al mismo tiempo, actuar como proveedor del sector público.
El organismo citó como antecedente un despacho de 2024 en el que había coincidido con la interpretación de la Contaduría General de la Provincia respecto de la imposibilidad de que los agentes públicos sean simultáneamente proveedores del Estado.
La postura alcanza tanto a quienes se desempeñan en organismos provinciales como municipales y se sustenta, según el dictamen, en el conjunto de normas que regulan la ética pública, el empleo estatal y las incompatibilidades. Entre ellas menciona la Ley de Ética Pública 8.993, el Estatuto del Empleado Público provincial y el Estatuto del Empleado Municipal, además de otras normas de Derecho Público.
En ese marco, Ética Pública planteó la necesidad de que las situaciones denunciadas sean revisadas de manera particular, teniendo en cuenta las funciones de cada agente y sus posibles vinculaciones simultáneas con distintos organismos estatales.
Ahora deberán intervenir Cultura y Godoy Cruz
A partir de esta definición, el organismo dispuso que tanto la Subsecretaría de Cultura de la Provincia como la Municipalidad de Godoy Cruz realicen las actuaciones administrativas correspondientes.
La indicación incluye la incorporación de informes de Recursos Humanos, dictámenes jurídicos y resoluciones definitivas que permitan determinar la situación particular de los agentes involucrados y establecer si existió una incompatibilidad con sus funciones públicas.
Además, Ética Pública pidió que las actuaciones permanezcan bajo seguimiento y control, de manera que el expediente pueda continuar avanzando si aparecen nuevos elementos que requieran la intervención del organismo.
La providencia firmada por el Auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública ordenó notificar el dictamen tanto a la Municipalidad de Godoy Cruz como a la Subsecretaría de Cultura. Una vez cumplida esa instancia, el expediente será remitido al Honorable Tribunal de Cuentas, para que intervenga dentro de sus competencias.
El Gobierno había negado irregularidades
La resolución de Ética Pública se conoce después de que el Gobierno provincial rechazara que hubiera existido una contratación irregular. Tras la publicación de las primeras notas sobre el caso, desde Cultura aseguraron que el informe había sido elaborado internamente por la Dirección de Industrias Creativas con participación de especialistas externos.
También explicaron que Estudios.S no constituía una empresa formalmente registrada, por lo que no existió un contrato ni una facturación a nombre de esa consultora. La aparición del nombre y del logo en el documento fue atribuida a una “desprolijidad” o error de edición.
Sin embargo, uno de los puntos cuestionados en la denuncia fue precisamente la situación de los agentes estatales que participaron del trabajo y la percepción de honorarios por parte de una empleada municipal. De acuerdo con la información difundida oportunamente, el estudio tuvo un costo de $3,6 millones, abonados en tres pagos a dos consultores externos.
Ahora, con la intervención de Ética Pública, la discusión deja de estar únicamente en el plano político y pasa a tener un recorrido administrativo formal. Cultura y la Municipalidad deberán analizar la situación de los agentes involucrados y producir la documentación requerida, mientras que el Tribunal de Cuentas tendrá la posibilidad de intervenir una vez que reciba las actuaciones.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/polemica-por-vendimia-etica-publica-pidio-investigar-a-empleados-que-fueron-proveedores-del-estado/
