El Gobierno provincial logró acordar en paritarias con 17 de los 18 sectores públicos. El único gremio “rebelde” es el de los empleados judiciales, que rechazó la oferta oficial una y otra vez. Así las cosas, el Ejecutivo decidió otorgar el aumento por decreto, pese a su amenaza de no hacerlo.
“Otórguese a los Empleados del Poder Judicial de Mendoza, un incremento salarial sobre la Asignación de Clase vigente al mes de diciembre de 2022, conforme el siguiente cronograma: 5% en el mes de marzo de 2023, dicho porcentaje se adiciona al 5% acordado para el mes de marzo de 2023 en el mes de diciembre de 2022, 5% en el mes de abril de 2023, 12% en el mes de mayo de 2023 y 5% en el mes de junio de 2023“, estipula el artículo uno del decreto 984 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La propuesta fue similar para todos los sindicatos estatales: incremento escalonado del 71% hasta octubre y mesas de revisión periódicas frente a la escalada inflacionaria. La oferta fue aceptada por todos los gremios, incluidos el SUTE, controlado por el kirchnerismo, y Ampros, la combativa agrupación de los médicos.
El descontrolado aumento de precios provocó que el Ejecutivo convocara a los gremios a discutir nuevamente en paritarias, que se extenderán del 17 al 27 de junio. Esa será la nueva oportunidad para intentar acordar con el gremio de los judiciales, cuya resistencia sorprende en Casa de Gobierno.
Los motivos del rechazo
“No hablamos por el resto de los gremios. Para nosotros la propuesta es insuficiente”, aseguró César Llanos, secretario general del sindicato de los judiciales. Además señaló que se sienten “discriminados” por la decisión del Ejecutivo de aumentar por decreto y pidió que la situación se resuelva en el ámbito paritario.
En ese contexto, un grupo de trabajadores realizó una manifestación este jueves para solicitar la reapertura de paritarias de forma inmediata. Sin embargo, desde Tribunales explicaron que la medida de fuerza no resintió la actividad del sector porque el nivel de acatamiento fue menor a 4%: de un total de 2.127 empleados, sólo 83 se sumaron al reclamo.
Desde el gremio plantearon la discusión en dos puntos fundamentales: no cobrar menos de 200 mil pesos, y la distribución equitativa de los recursos para el sector.
“Nosotros lo que queremos es que ningún trabajador cobre menos de 200 mil pesos. Esto no es un capricho, es lo que cuesta la canasta básica total. No pedimos una locura, pedimos solamente no ser pobres. La otra discusión radica en la diferencia entre los mayores sueldos del sector y los de más bajos recursos. Hoy en día quienes más ganan cobran 17 veces más que los más relegados. Es una locura“, manifestó Llanos.
Aumento por decreto
El aumento por decreto fue una sorpresa, ya que semanas atrás el Ejecutivo había advertido con dejar empleados sin recomposición salarial por la resistencia gremial.
“Es el único gremio que no acordó en las paritarias, que se cerró y rechazó la propuesta. Con la intención de que nadie se quede sin percibir los aumentos, hicimos reuniones para ver si lográbamos acercar posturas. Eso no sucedió y una vez rechazada la propuesta, el Gobierno decidió realizar el decreto de incremento salarial”, explicó la secretaria de Gestión Pública, Beatriz Martínez, en declaraciones televisivas.
El incremento otorgado por decreto solo incluye hasta junio, cuando se abrirá una nueva instancia paritaria con el sector público, debido a que los niveles inflacionarios activaron la mesa de revisión pactada con quienes aceptaron la oferta salarial.
Los gremios que aceptaron la propuesta fueron:
- Administración Central
- Docentes y celadores
- Profesionales de la salud
- Personal de la salud
- Contaduría General de la Provincia
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Estado
- Fondo de Transformación y Crecimiento
- Parques y Paseos Públicos
- Guardaparques Provinciales
- Instituto de Juegos y Casinos
- Vialidad Provincial
- Tesorería
- EPAS
- Subsecretaría de Trabajo y Empleo
- Funcionarios Judiciales
- Régimen 35
Fuente: El Sol
