El diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina) expuso en Diario San Rafael sobre el contenido de la publicación de su libro «7722: Defensa del agua y los glaciares en Mendoza» y manifestó su preocupación por los proyectos mineros, la protección de los glaciares y el proceso de remediación de los pasivos de la mina de uranio Sierra Pintada.
La presentación en San Rafael de un libro dedicado a reconstruir el proceso que derivó en la sanción de la Ley 7722, sancionada en 2007 y que protege los recursos hídricos de Mendoza al prohibir el uso de sustancias químicas contaminantes en los procesos de la industria minera metalífera, sirvió también como marco para reabrir el debate sobre la protección del agua, los proyectos mineros y la situación de Sierra Pintada. La obra fue presentada por el diputado provincial y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, quien participó de una actividad en el departamento y compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta Mendoza en materia ambiental.
El legislador explicó que el libro relata en primera persona los acontecimientos que rodearon la creación de la Ley 7722, así como las posteriores instancias judiciales en las que debió defenderse su constitucionalidad. Según indicó, la publicación busca dejar registro de un proceso que marcó la discusión pública en Mendoza y que continúa vigente debido a los debates actuales sobre minería y recursos hídricos.
“Es verdad que es una muy buena experiencia en la presentación del libro en distintos departamentos. Lo mismo fue en el caso de San Rafael. Es un libro que está contado en primera persona, desde el lugar que a mí me tocó vivir todo ese proceso previo a la sanción de la Ley 7722”, detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
Defensa del agua y protección de glaciares
Difonso señaló que uno de los ejes centrales de la obra es la defensa del agua y la necesidad de comprender la importancia de los glaciares para la provincia. En ese sentido, remarcó que Mendoza depende de esos reservorios naturales para garantizar el abastecimiento de agua tanto para consumo humano como para la actividad agrícola. “Es la defensa del agua, una buena explicación de lo que son los glaciares y la importancia que tienen los glaciares para los mendocinos que tenemos que saber que el 100% del agua que tenemos para consumo humano, para riego agrícola, proviene de algún glaciar y lo importante es que los podamos defender. Y bueno, con esta situación de que se ha dado la modificación de la ley de glaciares, en donde se permiten hacer algunos trabajos en zonas de glaciares, y los permisos que ha prestado el gobierno de Mendoza respecto de las zonas de glaciares, nos preocupa”, afirmó.
Según expresó, algunas modificaciones permitirían desarrollar actividades en áreas que anteriormente estaban sujetas a mayores restricciones, situación que considera motivo de alerta para distintos sectores de la sociedad.
“El libro habla y resume toda esta disputa, esta posición histórica del Gobierno de Mendoza, cómo se obtuvo la Ley 7722 y los momentos que se van a empezar a vivir de ahora en más”, sostuvo.
Consultado sobre el escenario actual de la minería en Mendoza, Difonso aseguró que la provincia atraviesa una etapa sensible debido a los intentos de modificar normativas para habilitar nuevos emprendimientos. A su entender, la Ley 7722 continúa siendo una herramienta fundamental para establecer condiciones de resguardo sobre los recursos hídricos frente a la actividad minera metalífera. “La verdad es que estamos entrando en una zona sumamente delicada, que es donde se intentan modificar leyes para avanzar con distintos emprendimientos”, expresó.
Preocupación por Sierra Pintada y pedido de mayor participación ciudadana
Otro de los temas abordados fue la situación de Sierra Pintada. El diputado hizo referencia a relevamientos realizados por organizaciones vinculadas a la defensa del agua y señaló que existe preocupación entre vecinos respecto de la remediación ambiental del complejo y de los controles que se llevan adelante. “La ley 7722 marca el protocolo de resguardo del agua en las minerías metalíferas. Nosotros recientemente hemos accedido a un trabajo que ha llevado a cabo una comisión científica de la Asamblea del Agua y de San Rafael en donde se le ha consultado a los vecinos, ya hay más de 500 encuestas en donde le preguntan puntualmente el tema de Sierra Pintada o de la posibilidad de apertura que se habla. Y bueno, claramente los vecinos están preocupados”, indicó.
Sobre el tema y su importancia, dijo «Se preguntó si los controles se están haciendo si son reales, porque han pasado muchos años y quedaron ahí esos residuos sin remediar y bueno, ahora se habla ya de una reapertura por todo el plan nuclear y demás. Esto es lo que surge claramente de la encuesta que han realizado y es lógico que la gente tenga dudas, que la gente esté preocupada por los controles porque han habido muchos problemas con los controles en Mendoza y no entendemos por qué no existe la participación ciudadana en esa supuesta remediación que ha comenzado».
Asimismo, reclamó que se garantice el acceso a la información pública y que los vecinos puedan conocer en detalle los procedimientos que se realizan, los estudios efectuados y los resultados obtenidos. Para el legislador, la transparencia resulta indispensable para generar confianza en torno a cualquier iniciativa vinculada al ambiente y al agua.
Exigencia de cumplimiento normativo
Difonso afirmó además que desde la Legislatura continúan impulsando acciones para exigir el cumplimiento de la normativa vigente. En ese sentido, insistió en la necesidad de respetar plenamente las disposiciones de la Ley 7722 y de garantizar espacios efectivos de participación ciudadana en cada una de las instancias relacionadas con proyectos mineros o tareas de remediación ambiental.
«Desde el Área de Ambiente han manifestado que no tienen recursos para hacer algún tipo de remediaciones. Entonces este es el punto en donde creo que el gobierno no da certeza, no da tranquilidad a la población. Si van a evaluar este tipo de emprendimientos, la ciudadanía no tiene en claro cómo se la va a proteger de un eventual impacto en el agua o impacto en el ambiente» dijo. «Nosotros, lo que estamos pidiendo de la Legislatura es el estricto cumplimiento de la ley 7722, que específicamente regula este tema, y bueno, y eso lamentablemente hay veces que no se cumple».
Sobre el final de la entrevista volvió a plantear la necesidad de abrir los procesos de control a la comunidad sanrafaelina y sostuvo que la información debe estar disponible para todos los sectores interesados. “No hubo participación de la sociedad de San Rafael, del pueblo de San Rafael en los controles, en chequear que todo esto… San Rafael tiene distintos organismos de las organizaciones de la sociedad civil que podrían perfectamente participar como la Asamblea del Agua, como en su momento fue la Multisectorial del Sur, la Cámara de Comercio. Tener además de los organismos de control gubernamentales, los organismos de control que pueden ser ciudadanos que podrían estar mirando lo que ocurre”, remarcó, y agregó: “Esperamos que abran esa información a la ciudadanía”.
