La diputada provincial Gabriela Lizana (Frente Renovador en Mendoza) ha elevado un pedido a los legisladores nacionales por Mendoza para que impulsen una modificación a la Ley 26.377 de Corresponsabilidad Gremial. El objetivo es incorporar un régimen diferenciado por escala productiva, buscando de esta manera garantizar la efectividad del sistema y, fundamentalmente, aliviar la crítica situación económica que atraviesan los pequeños y medianos productores vitivinícolas.
Lizana explicó que la tarifa de corresponsabilidad gremial es un aporte sustitutivo del conocido Formulario 931 (aportes a la seguridad social que los empleadores deben hacer a sus trabajadores). Este sistema, que se aplica en Mendoza y otras provincias que han adherido, busca simplificar el aporte y diferir su pago. Sin embargo, la situación actual ha generado una «desproporción» que perjudica gravemente a los productores.
«Este año la uva se pagó menos que el año pasado, es decir, que ni siquiera acompañó los procesos de inflación. A pesar de que el valor del tacho de uva se ajustó, y con ello el aporte de corresponsabilidad, el precio final que recibió el productor fue menor. Esta combinación, sumada a una situación de quebranto generalizado donde los precios de la uva están muy por debajo de los costos de producción, ha vuelto el aporte insostenible para muchos», sostuvo Gabriela Lizana en un reportaje que brindó a la emisora radial FM Vos 94.5.
«Sin rentabilidad mucho no puede hacer un productor. Por sus escasos ingresos tenemos productores pobres que se tienen que hacer cargo de trabajadores pobres. Esta problemática se ha generado, en parte, por las malas políticas públicas como por ejemplo la eliminación de la obligatoriedad de los contratos, lo cual deja a los productores sin certeza sobre el valor y los plazos de pago de su producción. A esto se le suman los abusos de posición dominante y la falta de defensa del sector por parte del gobierno provincial», añadió la diputada.
Propuesta de exención y búsqueda de transparencia
La propuesta de Lizana no busca eliminar la protección a los trabajadores, sino reordenar el sistema. Se plantea que los productores con menos de 30 hectáreas o que cosechan menos de 3.000 quintales sean eximidos de este pago, y que se evalúe otra forma de complementar ese aporte a los trabajadores.
La diputada también señaló irregularidades en la aplicación actual del sistema. «En muchos casos ni siquiera se determinan cuáles son los trabajadores que cosecharon en ciertas fincas. Esta falta de transparencia lleva a cuestionar si el aporte verdaderamente llega a los beneficiarios. Creemos que es hora de rever este sistema que tiene muchísimas irregularidades, afirmó durante la entrevista.
Impacto en economías regionales y el riesgo de la informalidad
La problemática no es exclusiva de Mendoza. Las economías regionales de todo el país están realizando planteos similares para recortar costos frente a la tremenda presión tributaria. Aunque la Corresponsabilidad Gremial es una ley nacional a la que las provincias adhieren, Gabriela Lizana insta a que se revise tanto a nivel nacional como provincial.
«Se convocará a una reunión con asociaciones de productores y empleadores en la Comisión de Economía de la legislatura provincial, buscando que expresen oficialmente su problemática. La intención es reorganizar el sistema con el objetivo de evitar que se elimine por completo el convenio y se regrese al antiguo sistema del Formulario 931, lo que podría empujar a la vitivinicultura hacia la informalidad, un riesgo que otras actividades productivas ya enfrentan», manifestó sobre el final de la nota.
