Los candidatos a gobernador y al Congreso provincial se han juntado últimamente en canales de televisión para llevar adelante un debate y exponer sus ideas en caso de ser electos por la ciudadanía. Ahora, por iniciativa de un grupo de legisladores, se pretende que ese debate sea obligatorio, como el que está vigente a nivel nacional y en otras provincias.
Este proyecto de ley fue presentado por la legisladora Daniela García (UCR), Josefina Canale (PDP) y Gustavo Cairo (PRO), para que los candidatos a gobernadores en elecciones ejecutivas y aquellos que encabecen las listas provinciales en elecciones de medio término, no puedan negarse a participar de un debate.
En diálogo con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, la diputada provincial Daniela García, explicó que “habitualmente se hacen debates, pero no son obligatorios y no son únicos, entonces muchas veces hay tres o cuatro debates y a veces incluso, no asisten todos los candidatos que podrían ocupar el Ejecutivo como gobernador, entonces lo que hace este proyecto visibilizando un poco lo que se hizo con ‘Argentina debate’ (que ya es una ley de nivel nacional), es dar un debate único y obligatorio, determinando estándares mínimos de la presencia como estándares mínimos de lo que se va a tratar, es decir, se ponen temáticas como base que son obligatorias y que en el proyecto de ley también las hemos incluido: salud, educación, trabajo, producción, empleo, y aparte otros”.
Ocurre que se dan debates, pero los compromisos asumidos por los postulantes luego se diluyen. Al ser algo oficial y un debate obligatorio, surge otro tipo de compromiso. “Cuando uno tiene pauta de un debate único, y la ciudadanía tiene ese acceso a la información el control social ya es otro, porque si el candidato dijo ‘no voy a hacer tal cosa’ y después lo hace, el control social después puede castigar de alguna manera”, advirtió y agregó que regulando mínimas pautas, queda información guardada, con una temática marcada que desea escuchar la ciudadanía. “Por un lado, la ciudadanía tiene el derecho a conocer los diferentes puntos de vista, pero también, una vez que eso queda en agenda y queda guardado por parte de la Junta Electoral, puede después solicitarlo y pedir cuentas de lo que dijo”, destacó.
El proyecto ha ingresado muy recientemente por lo que aún ni siquiera tiene estado parlamentario, pero hay buenas expectativas respecto de lo que pueda ocurrir de cara a que finalmente se convierta en ley.
