La Legislatura provincial trabaja en un proyecto de ley que buscará solucionar un vacío legal que ya llevaba más de diez años: la forma en que se define en qué situaciones los trabajadores estatales privados de la libertad pueden seguir recibiendo el pago de sus salarios.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la legisladora Daniela García, quien nos explicó los pormenores de la iniciativa.
“Hay un antecedente y es que este tipo de regulaciones estaba en el estatuto del empleado público, cuando nosotros sancionamos la ley 9103, que es el régimen general de sanciones para empleados que han recibido algún apercibimiento administrativo, se derogó porque se omitió el capítulo de personas privadas de su libertad, quedando un vacío legal”, explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
Por otro lado, García reconoce que con este proyecto buscan “darle seguridad jurídica al vacío legal que existe, porque cuando alguien está privado de la libertad o entra en una prisión preventiva, queda sin goce de haberes hasta que vuelva a su trabajo mediante un plazo legal”.
La legisladora afirmó también que “en la anterior ley se daban plazos pero no cuando se les retribuía esa suspensión, con esta nueva normativa se aseguran esos plazos, estas situaciones han ocurrido luego de la sanción de la ley y en esos casos hay que solucionar ese vacío legal”.
Estado parlamentario
El proyecto de ley ya entró en estado parlamentario y ahora, según cuenta García, “se les envió el material a todos los sindicatos para que lo puedan leer y realizar algunos aportes o sugerencia de modificaciones, las cuales serán tratadas en la comisión para ver si caben o no. Es más, tendremos la visita del asesor legal del Gobierno para conocer qué situaciones fácticas se han producido”.
