La Cámara de Diputados se prepara para discutir la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un mecanismo de gobierno que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de legisladores, juristas y la sociedad civil.
El abogado constitucionalista Diego Armesto ha compartido su visión crítica sobre el tema relacionado a la reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), analizando los antecedentes de la ley vigente y las implicancias de modificar este régimen. Armesto, quien recientemente publicó una columna sobre el tema en Infobae, profundizó sobre la naturaleza de esta herramienta, sus posibles abusos y el impacto en la institucionalidad del país.
Armesto recordó que la posibilidad de dictar DNU se incorporó en la Constitución Nacional en 1994, pero fue recién en 2006 cuando se reglamentó su uso mediante la Ley 26.122, impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. “Lo primero que hay que saber es que todo aquel que defienda la Ley 26.122 está defendiendo el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5, recordando que el proyecto original generó una fuerte oposición en el Congreso. “En el 2006, la oposición más fuerte a esta ley vino del radicalismo y del PRO, que denunciaron que el proyecto violaba la Constitución”, añadió Armesto. Entre las críticas a la normativa vigente, el abogado destacó la “sanción ficta”, es decir, la continuidad de un DNU si una de las cámaras lo rechaza pero la otra no se pronuncia.
La “sanción ficta” es uno de los puntos más cuestionados por Armesto, quien explicó que este vacío legal permite al Poder Ejecutivo mantener en vigencia los decretos sin el respaldo del Congreso, lo cual considera una vulneración a la institucionalidad. “Este país siempre vive esperando que las condiciones cambien, pero mientras tanto la política no resuelve nada y el Ejecutivo sigue dictando decretos”, apuntó. Según él, la falta de acción legislativa para controlar el poder del Ejecutivo ha permitido un “hiperpresidencialismo” en Argentina, situación que, lejos de moderarse, tiende a repetirse cada vez con mayor frecuencia.
En ese sentido, el constitucionalista hizo referencia al fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, donde el máximo tribunal esperó durante quince años que el Congreso legislara para corregir las irregularidades, pero terminó interviniendo ante la inacción política. “Después lloran cuando la Corte te saca un fallo como el del Consejo de la Magistratura, porque durante años la política no resolvió el tema”, enfatizó el abogado. La Corte, afirmó Armesto, ha esperado en repetidas ocasiones que el Congreso cumpla con su deber de reglamentar temas que afectan al funcionamiento democrático y a la división de poderes, y concluyó que la demora legislativa debilita el sistema institucional.
“Hay una crisis de representación en este país”, afirmó. “Muchas veces el representante no se siente verdaderamente responsable frente a sus votantes, y esto es grave, porque al final terminan haciendo lo que les conviene a ellos mismos”. Para él, esta desconexión entre los intereses de los legisladores y los del pueblo genera un círculo de contradicciones que alimenta la frustración ciudadana. “El problema que tenemos es que vivimos en un país donde la ley es relativa, donde quien tiene poder o conexiones puede eludirla sin problemas”, señaló.
La falta de apego a las leyes, o “anomia” como la describió es otro de los factores que, según él, impiden el crecimiento institucional y económico de Argentina. “Somos un país anómico. En lo macro y en lo micro, siempre estamos al margen de la ley. Si podés pisar el acelerador un poquito más y pasar un semáforo en rojo, lo hacés. Eso pasa en las pequeñas cosas, y también en las grandes”, reflexionó. En su opinión, la anomia afecta la credibilidad del país en el ámbito internacional y desalienta a los inversores, quienes desconfían de la estabilidad jurídica en Argentina.
Al hablar sobre el posible impacto de una modificación en la ley de los DNU, Armesto reconoció que el cambio podría brindar “mayor seguridad jurídica” al país, un aspecto esencial para recuperar la confianza. “Si mañana un presidente puede cambiar todo el Código Civil mediante un DNU, estamos en problemas. No puede ser que en Argentina la ley sea solo una formalidad que el Ejecutivo puede ignorar”, señaló. Para él, la institucionalidad es tan importante como el crecimiento económico, y ambos aspectos están inextricablemente ligados.
Sin embargo se mostró escéptico sobre las posibilidades de que el proyecto avance. Explicó que, si bien espera que la Cámara de Diputados lo trate antes de fin de mes, el Senado podría frenar la iniciativa, e incluso si prospera, el presidente ha manifestado su intención de vetarla. “El presidente lo va a vetar, porque no le gusta”, afirmó Armesto, en referencia a la postura del Ejecutivo respecto a las limitaciones a los DNU. Este escenario, según él, es representativo de las contradicciones en el sistema político argentino, donde los acuerdos parecen supeditarse a conveniencias políticas. “Es una crisis de representación. ¿A quién están representando? Juran por la Constitución, pero terminan representándose a ellos mismos y a sus intereses”, denunció. En definitiva, Armesto considera que el abuso de los DNU es un síntoma más de una sociedad en la que la ley no se respeta plenamente. “Si hay algo que nos falta es educación cívica, memoria y una noción de la importancia de la Constitución y la Ley”, comentó. Con esta crítica, el abogado puso en evidencia que la cuestión de fondo no es solo el abuso de los DNU, sino la cultura de incumplimiento y el desprecio por las normas que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad.
La discusión sobre los DNU promete ser un tema álgido en la Cámara de Diputados, con posturas encontradas entre aquellos que buscan poner límites a esta herramienta y quienes defienden su uso como un recurso necesario para el Ejecutivo en contextos de urgencia. No obstante, para Armesto, el país necesita un cambio profundo que va más allá de las modificaciones legislativas y apunta a una revalorización de la institucionalidad y el respeto por la ley.
