La Dirección General de Escuelas presentó un proyecto de ley para implementar la denominada “Ficha limpia” en el ámbito educativo de Mendoza. Esta medida, ya ingresada en la legislatura provincial, tiene como objetivo impedir que docentes, celadores o personal administrativo con condenas relacionadas a delitos contra la integridad sexual, explotación infantil o trata de personas puedan desempeñarse en instituciones educativas. “Estamos promoviendo esta reforma para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes”, afirmó Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.
La propuesta plantea modificaciones al Estatuto del Docente y otros marcos normativos, extendiendo las inhabilitaciones no solo a quienes ejercen la docencia, sino también al personal administrativo y celadores. “Queremos que las escuelas sean espacios seguros”, explicó García a Diario San Rafael y FM Vos 94.5. “Si alguien tiene una condena por grooming, tenencia de material de abuso infantil o trata de personas, no puede ingresar al sistema educativo bajo ninguna circunstancia”.
Hasta ahora, la normativa vigente establecía inhabilitaciones parciales. Según García, “el estatuto contemplaba sanciones como la exoneración por diez años o la inhabilitación por tres años, pero no una prohibición definitiva”. Esta limitación permitía que personas con antecedentes graves pudieran regresar al sistema educativo tras cumplir con las sanciones estipuladas.
Desde 2022, el gobierno escolar comenzó a exigir certificados de antecedentes penales a los aspirantes a cargos, pero esto no resultó suficiente para evitar que personas con condenas ingresaran al sistema. “Era un paso importante, pero no era la solución definitiva. Ahora buscamos que quien tenga antecedentes relacionados con estos delitos quede completamente excluido del ámbito educativo”, enfatizó García.
El proyecto también incluye la creación de un registro único de inhabilitaciones y sanciones aplicadas al personal educativo. Según la funcionaria, esta herramienta permitirá un control más exhaustivo de los antecedentes de quienes aspiren a ocupar un cargo. “Cada superior jerárquico deberá consultar este registro antes de otorgar un cargo”, explicó. “De esta manera, evitamos que alguien con antecedentes graves vuelva a ingresar al sistema”.
Un punto relevante del proyecto es que se extenderán las restricciones a delitos vinculados a la corrupción y otros actos graves que podrían no estar directamente relacionados con la integridad sexual. Por ejemplo, García reconoció que “hoy en día, una persona condenada por estafas podría ingresar al sistema educativo y hasta enseñar materias relacionadas con formación moral y cívica. Queremos cerrar esos vacíos legales”.
El proyecto ingresó formalmente como estado parlamentario este martes y forma parte de un paquete legislativo que será debatido en las próximas semanas. “El ministro asistirá a la legislatura para explicar los alcances de esta iniciativa y defenderla. Creemos que es fundamental contar con el apoyo de todos los sectores políticos para avanzar en esta transformación”, afirmó García.
Aunque todavía no es ley, la iniciativa cuenta con respaldo político y social. “Esto no se trata solo de una medida administrativa, sino de una responsabilidad con la comunidad educativa y, sobre todo, con los niños y adolescentes”, concluyó García.
Con esta reforma, el sistema educativo busca adaptarse a las demandas de una sociedad que exige mayor seguridad en las instituciones donde se forman las nuevas generaciones.
