El sector de la construcción en Argentina se encuentra en un punto de inflexión. Recientes modificaciones en la normativa de obra pública y la expectativa generada por el plan para movilizar los «dólares del colchón» han generado cierto optimismo entre los actores del rubro. Gerardo Fernández, titular de la Confederación de PyMEs Constructoras, brindó su perspectiva sobre estas novedades. En primera instancia, celebró las desregulaciones en la obra pública. «Las desregulaciones en la obra pública son bienvenidas, principalmente porque contribuyen a un mejor desempeño del sector privado. El sistema anterior, con un registro de capacidad que limitaba la participación de empresas según sus antecedentes y patrimonios, se había desvirtuado. Las empresas pequeñas estaban limitadas y las grandes, con todas las habilitaciones, siempre tenían las puertas abiertas», explicó Gerardo Fernández ante la audiencia de FM Vos 94.5. «El nuevo decreto busca terminar con este sistema, habilitando el ingreso de PyMEs y empresas de distintas magnitudes. Una de las novedades que genera expectativa, aunque aún con dudas sobre su funcionamiento, es la posibilidad de garantizar la obra con un documento externo, como una póliza de caución o el respaldo de un banco, para aquellas empresas cuyo patrimonio nominal no alcance. Esto apunta a tener mayor cantidad de ofertas, lo que mejora el funcionamiento del mercado. Es un avance», consideró el titular de la Confederación de PyMEs Constructoras.
Obra pública: disputa
de fondos y rol provincial
En cuanto a la obra pública, Fernández se refirió a la negociación del gobierno nacional con las provincias para delegarles el mantenimiento de rutas nacionales, como en el caso de Mendoza. «Me parece que esa decisión no es el más correcta porque el gobierno nacional tiene un rol que cumplir y el provincial otro. Los gobernadores y los intendentes son quienes tienen contacto con la realidad y la vida cotidiana a través de los vecinos, por eso están tratando de paliar la situación como pueden. Lo que sucede es que los gobernadores tienen fondos limitados, hace falta fondos públicos solventes, tal como aportaba Nación hace un tiempo atrás», comentó Fernández. «El gobierno consigue el déficit cero no pagando la deuda en la obra pública, jubilaciones o al recortando fondos para las provincias. La Nación ha hecho un ahorro importante no cumpliendo pactos preexistentes. Esto genera un planteo desigual donde las provincias asumen responsabilidades que no les corresponden y con fondos limitados», expuso. Sobre el uso de fondos de resarcimiento como el de Portezuelo del Viento en Mendoza, Fernández alertó que es una solución de inmediatez y de corto plazo y que no todas las provincias tienen un fondo de resarcimiento. «La pregunta persistente es: ¿Cómo seguimos manteniendo las rutas una vez que esos fondos se agoten?’», planteó.
«Dólares del colchón»:
esperanza para el ladrillo
En otro orden de cosas, Fernández se mostró optimista con las medidas del gobierno nacional para flexibilizar la normativa y permitir la movilización de los «dólares del colchón». «El sector de la construcción ve esta medida con buenos ojos. El ladrillo siempre se revalúa a través del tiempo, así que las expectativas son buenas. La idea es que esto movilice al sector privado», opinó. «Si bien el impacto podría ser más visible en el corto plazo en las grandes urbes, donde ya hay mayor oferta de producto terminado, el concepto es bienvenido y se espera que produzca un mayor dinamismo, fluidez, y circulación de plata en la calle. Esto, a su vez, genera más trabajo y ocupación de mano de obra», destacó. A pesar del optimismo, Fernández llamó a la prudencia. «No es que va a ser un boom y que de repente esto nos va a cambiar la vida, sino que es un granito de arena que sirve para darle impulso a la actividad. Además, hay que considerar que las flexibilizaciones se han dado para las personas físicas, pero no para las empresas. Si hoy día una empresa, una SRL local, quiere ir a comprar dólares, no lo puede hacer. Mientras para una persona física el límite de blanqueo es de aproximadamente 45 mil dólares, para una empresa es de entre 25 mil y 30 mil dólares. Todavía falta un camino por recorrer.
La buena noticia es que estamos empezando a transitar por el sendero correcto, eliminando las trabas que impiden la posibilidad de crecimiento», concluyó.
