«Burford ofrece soluciones de financiamiento legal que abordan los desafíos específicos de los despachos de abogados. Podemos cubrir los costos de litigio de clientes que no pueden o no desean pagar tarifas por hora, financiar carteras para que los despachos puedan ampliar sus áreas de práctica o adelantar pagos posteriores a la liquidación y cuentas por cobrar de clientes». Esa definición se encuentra en la página oficial del fondo Burford. Es su definición de objetivos y le ha ido muy bien, en especial con la Argentina.
El fallo de la jueza Logretta Preska, del tribunal sur de Nueva York acaba de disponer de qué manera se le pagará a quienes se les quitaron las acciones de la empresa petrolera, en una mala «compra» o «reestatización» de YPF. Con este fallo en Nueva York, el 51% de las acciones de la empresa petrolera deberán pasar a manos del fondo Burford. Es la manera definida por la jueza Preska para que finalmente, los tenedores de las acciones originarias reciban esos US$ 16.000 millones de dólares que ya había fallado como compensación.
En la Argentina, burford es considerado como un «fondo «buitre». Justamente por quedarse con las acciones de grupos que no tienen el poder para litigar, por ejemplo, contra estados. Ya lo hizo en el canje de la deuda externa nacional. Representó a los tenedores de deuda que no aceptaron nunca el canje propuesto por el gobierno argentino. El juez Griesa, anterior titular del juzgado ahora en manos de Preska, condenó a nuestro país a pagar US$ 5.400 millones.
Llevar a juicio al estado argentino, es una fuente de ingresos muy importantes para el fondo Burford.
Un fondo buitre que crece gracias a la Argentina
El modelo de Burford consiste en comprar derechos de demandas legales, financiar los costos legales (abogados, peritos) a cambio de un porcentaje de la indemnización si gana. Burford aporta capital, pero antes hay dato clave: elige los casos, gestiona la estrategia legal y como está seguro de ganar, asume los riesgos. Sabe que los beneficios en millones de dólares serán muy jugosos. Solo es cuestión de esperar.
El caso de YPF es «testigo» y una carta de presentación para futuros litigios. En su carta a accionistas, Burford llamó al caso YPF un «hito histórico»:Primero logró un fallo por valor de US 16.000 millones. Pero ahora, como el estado argentino nunca acercó una propuesta para negociar, la jueza dispuso el método. El estado argentino deberá entregar el 51% de las acciones, el mismo porcentaje que originó la mal llamada «reestatización» de YPF. El caso comenzó en 2012 y desde el planteo inicial, lo que ahora debe pagar la Argentina no solo se multiplicó en millones de dólares. También perderá el control de la compañía. Justo en el momento, en que el sector energético – y Vaca Muerta con YPF – es uno de los brazos más importantes de la estrategia económica del gobierno.
Pero el antecedente inmediato también tiene relación con nuestro país, otro caso traumático para la privatización y reestatización de Aerolíneas Argentinas.
La línea de bandera y una causa por US$ 3.000 millones
En el año 2008, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se decidió reestatizar Aerolíneas Argentinas, que pertenecía al grupo español Marsans.
Esa empresa desguazó a Aerolíneas Argentinas continuando el proceso iniciado por Iberia, su primer «dueño» tras la privatización del presidente Menem en los 90. Demanda: Marsans demandó ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial). Burford compró el derecho al litigio por un precio reducido.
Cuando el país «reestatizó» a Aerolíneas, Marsans inició un juicio por irregularidades en ese proceso. Tras cinco años de litigio, en 2017, el CIADI falló contra Argentina a pagar unos US$320 millones.
- El fondo Burford, que llevó adelante el litigio ante el CIADI – un tribunal internacional para diferencias en procesos económicos – recibió el pago en 2019.
- Su negocio fue más que un éxito: Obtuvo una ganancia estimada en más del 700% sobre su inversión
Griesa-Preska, el duro tribunal de Nueva York Sur para la Argentina
El juez Thomas Griesa, desde su juzgado de Nueva York, le dio la razón a quienes no entraron en ninguna etapa del canje porpuesto para la deuda externa. Finalmente, tras apelaciones sucesivas, el juez falló contra nuestro país. Los tenedores de bonos debieron recibir Sus fallos obligaron a la Argentina a pagarles íntegramente, con intereses, lo que derivó en pagos por más de USD 9.300 millones en 2016.
Griesa se jubiló y ese mismo juzgado pasó a manos de Loretta Preska, la jueza del caso YPF.
Recibió la demanda de aquellos que no se sintieron compensados como corresponde por el traspaso «obligado» de sus acciones para que el estado argentino llegue al 51% y recupere el control de la compañía, que siguió siendo una sociedad anónima.
Aquí intervino nuevamente el fondo Burford. Se quedó con los derechos del grupo Petersen que desde 2008, compró el 25% de YPF, financiado en gran parte con préstamos que se pagarían con dividendos futuros de la petrolera. Pero cuando el gobierno de Cristina Kirchner le impidió girar dividendos, el grupo Petersen se fundió, pero demando al estado argentino. Burford compró el derecho de litigar.
La jueza basó su fallo en tres elementos:
- Las palabras de Kicillof, viceministro de economía, en donde dijo que el estado argentino sería «estúpido» si respetara los compromisos estaturarios de YPF.
- El estado argentino controla, efectivamente a la empresa YPF
- En todos los años desde su sentencia de pago de 16.000 millones de dólares, el estado nacional (administación Alberto Fernández, Macri y Milei) dilataron la cuestión y no mostraron ánimo de negociación alguna.
Por eso, la jueza condenó a la Argentina a devolver el 51% de las acciones de YPF y además, una «multa» ( taxiing) de 2 millones de dólares diarios mientras no haga efectiva la sentencia de la transferencia accionaria.
Fuente: América 24
