A un mes del inicio histórico de la temporada de tormentas en nuestro oasis, la incertidumbre en torno al esquema de defensa activa contra el granizo ha dejado de ser una sospecha administrativa para convertirse en una cuasi certeza alarmante. El silencio del Ejecutivo provincial sobre la continuidad del sistema aéreo prefigura un escenario de desprotección inédito, precisamente en la antesala de un ciclo meteorológico cruzado por las advertencias sobre un fenómeno de «Super Niño», con proyecciones de tormentas severas e históricamente violentas para la región.
La concatenación de hechos resulta inequívoca. En el reciente encuentro entre representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y las autoridades provinciales por el Seguro Agrícola, la omisión de la lucha antigranizo en la agenda oficial fue total. Esa falta de previsión ratifica la advertencia emitida por el presidente de la Sociedad Rural local, Marcelo Serrano, quien remarcó en FM Vos la inviabilidad de ejecutar el operativo este año ante la inminencia de la fecha límite para la calibración del sistema. La perspectiva se profundiza con la denuncia de legisladores opositores del cuarto distrito, quienes afirman que el gobierno de Alfredo Cornejo “tiene listo el decreto para liquidar la flota de aviones”, desmantelando de raíz la herramienta estructural que constituía el aporte central de la Provincia. Sin el soporte aéreo estatal, pretender que las municipalidades de San Rafael y General Alvear absorban de forma autónoma semejante costo operativo resulta una quimera: las finanzas departamentales, aun con el esfuerzo contributivo de la comunidad, son incapaces de sostener la logística de mitigación por sí solas.
El sesgo del análisis oficial incurre en una equivocación sustancial al considerar la prevención como una asistencia exclusiva para el agro. La piedra no discrimina entre una unidad productiva en la periferia rural y el centro urbano de San Rafael. Los episodios severos golpean con idéntica fuerza al cultivo que a la infraestructura ciudadana: parque automotor, techos de viviendas, comercios y redes de servicios sufren un deterioro patrimonial directo cada vez que el granizo precipita sin atenuantes sobre la población.
Frente a este escenario, cabe preguntarse si el Gobierno provincial ha decidido declarar formal y fatalmente el «juego terminado» para la lucha antigranizo en Mendoza, sobreentendiendo que el costo de la contingencia debe ser absorbido por los privados. De confirmarse la desactivación del sistema en un verano bajo la amenaza de eventos meteorológicos extremos, el oficialismo provincial deberá hacerse cargo de la responsabilidad política e institucional que conllevará el daño acumulado en los bienes de los agricultores y en el patrimonio de la ciudadanía del sur mendocino.


