Dentro de las idas y vueltas que ha generado la construcción de Portezuelo del Viento, una nueva discordia ha sido planteada. Es que días pasados ingresó a Fiscalía de Estado una solicitud para que directamente se declare fracasada la licitación ya que, entre otros argumentos, explican que hubo un solo oferente.
En la presentación aseguran que es necesario “impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación” de la obra Portezuelo del Viento. La petición no es una más ya que la firman tres pesos pesados del ambiente jurídico de Mendoza: ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, más dos expertos en derecho de agua como son Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela.
Al respecto, Escorihuela dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que “Lo que habría que preguntarse es quién va a usar y continuará usando el agua Río Grande durante los 30, 40 o 50 años que demore la construcción de la presa. Porque Mendoza no va a recibir ni un solo litro de ese agua. Esta es una obra que va a durar 50 años y lo digo con absoluta responsabilidad y mientras tanto el agua va a seguir discurriendo por el cauce del río hacia La Pampa y Buenos Aires”.
Agregó que “lo que hemos hecho es solicitarle al Fiscal de Estado que intervenga conforme a las atribuciones que tiene por ley, para que se cumplan con todos los plazos legales con los dictámenes de todos los ministros, que culminará con el dictamen de él mismo. Es decir, estamos actuando conforme a la ley”.
Por otra parte, el jurista cuestionó a las empresas adjudicatarias y en este aspecto sostuvo que no hay antecedentes positivos con las mismas.
«Debemos preguntarnos cuáles son los antecedentes de estas empresas que están actuando como licitadores en este momento para la construcción de la presa. Preguntemos ¿cuáles son las garantías que ofrecen? Porque yo manifiesto desde ya que la empresa china Sinohydro construyó una presa muy grande en el Ecuador y está en juicio con ese país por mil millones de dólares. Esto es por las deficiencias graves que tiene esa presa y que han tenido que pedir el asesoramiento de expertos europeos para que manifiesten todos los errores de construcción que tiene esa obra”, cuestionó.
“Las empresas locales no las tomamos en cuenta porque acá no se trata de impermeabilizar un canal de riego, estamos hablando de una presa que va a demandar unos 50 años en su construcción y cuesta 1200 millones de dólares. Esto no es un paquete cerrado, ya que acá está en duda la seguridad jurídica y el resultado de la inversión de 1200 millones de dólares que va a hacer la provincia. No tenemos porqué aceptar esto de malgastar el dinero de los mendocinos desoyendo los otros llamados que hemos hecho para construir infinidad de obras menores en todo el territorio de Mendoza que tendrían un impacto importante en el crecimiento económico provincial”, dijo.
Por otro lado, Escorihuela agregó que “tanto en San Rafael como en General Alvear nadie habla de por qué la única forma que tiene la provincia de Mendoza de utilizar las aguas que le corresponden en el Río Grande, los 34 famosos metros cúbicos por segundo, es construyendo las obras de trasvase en la estrechura. Esas obras van a costar 500 millones de dólares, y no están incluidas en este paquete de Portezuelo del Viento. Tampoco se ha aclarado debidamente. Esta es una obra que requiere la construcción de túneles y la adecuación del cauce del Río Atuel a los 34 metros cúbicos que va a recibir. Esto no se va a construir en un año tampoco. Estas son las cosas que debemos discutir públicamente”, sostuvo.
En cuanto a la rebaja de la construcción solicitada por el gobierno provincial y asentida por los oferentes, el jurista dijo que «hay que analizar esta quita de 200 millones de dólares. Es decir cuál es el motivo por lo que han podido afilar la punta del lápiz. Qué efectos va a tener en la construcción de la obra, necesitamos que las obras se hagan bien. Pero apenas empiece la obra, van a venir estos famosos ‘mayores costos’ que hacen todas las empresas del mundo, van a pedir reajustes y los 200 millones de dólares los van a transformar en 300 millones de reajustes».
En este sentido, requieren al Fiscal de Estado la “declaración de fracaso de la licitación pública a fin de impedir la continuación del procedimiento y ordenar la realización de un exhaustivo análisis de las nuevas condiciones fácticas, jurídicas y económicas que impactan sobre los parámetros tenidos en cuenta para la planificación de la obra y que hoy se han visto sustancialmente modificados tornándose en antieconómica y perjudicial para la economía general de la provincia”, concluyo Miguel Mathus Escorihuela.
