Los acontecimientos de las últimas horas en el plano internacional han dejado de ser noticias lejanas para convertirse en una advertencia sombría sobre el destino de las naciones ricas en recursos naturales. La detención de Nicolás Maduro y el posterior anuncio de Donald Trump sobre el control directo de las reservas petroleras venezolanas —asegurando que el país caribeño deberá entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a los Estados Unidos— marcan un precedente que estremece los cimientos del derecho internacional.
Más allá de las valoraciones sobre el régimen venezolano, el mensaje que emana de Washington es de un pragmatismo brutal: cuando una potencia necesita energía o minerales para sostener su hegemonía, la soberanía de los estados vecinos pasa a ser un obstáculo administrativo que se puede remover por la fuerza.
Esta realidad nos obliga a hacernos una pregunta incómoda pero necesaria aquí, en Argentina, y particularmente en Mendoza: ¿Qué pasará cuando el alineamiento abyecto y la sumisión actual de la Casa Rosada lleguen a su fin? Hoy, el gobierno mileísta celebra cada gesto de la administración Trump con una entrega que roza la abnegación, facilitando el acceso irrestricto al litio del norte, al uranio tan cercano y al petróleo de Vaca Muerta. Pero la historia nos enseña que las relaciones internacionales no se basan en la amistad, sino en intereses permanentes.
¿Qué sucederá si, en un futuro cercano, un presidente con un mínimo de dignidad nacional decide que el litio es para el desarrollo industrial argentino, que el uranio debe garantizar nuestra soberanía energética o que el crudo debe servir para abaratar los costos de producción de nuestras economías regionales? ¿Veremos entonces la misma metodología de captura y persecución aplicada a quien ocupe el sillón de Rivadavia?
El antecedente venezolano valida una doctrina de apropiación directa que debería encender todas las alarmas. San Rafael, como polo que integra la periferia de las zonas extractivas, sabe bien lo que significa la tensión por el control de los recursos. La doctrina que hoy se aplica en el Caribe es la misma que mañana podría reclamar nuestras riquezas minerales bajo la excusa de la «seguridad hemisférica».
La soberanía no se garantiza con fotos en la Casa Blanca ni con discursos que reniegan del interés nacional. Se construye blindando legal y políticamente lo que hay debajo de nuestro suelo. Si hoy permitimos que el mundo se rija por la ley del más fuerte para garantizarse barriles de petróleo, mañana el objetivo puede ser cualquiera que ose defender la propiedad de las provincias sobre sus recursos.
