Desde el sector de los abogados laboralistas cuestionaron la media sanción en el Senado y alertaron sobre el impacto de la iniciativa en trabajadores, sindicatos y pequeñas empresas. Señalan que el proyecto podría generar más litigiosidad y conflictos judiciales.
La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados sigue generando fuertes debates en distintos sectores. Mientras el oficialismo plantea que la iniciativa apunta a modernizar el mercado laboral y reducir conflictos judiciales, desde el ámbito de los abogados laboralistas advierten que la norma podría provocar el efecto contrario y aumentar los juicios. Así lo expresó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Guillermo Pérez Crespo, quien detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 su preocupación por el alcance del proyecto.
“La visión de la norma es negativa; es una norma que no solo perjudica a los trabajadores, sino a la población en general”, sostuvo. En esa línea, afirmó que el texto aprobado en el Senado “responde absolutamente a los intereses de las grandes empresas” y remarcó que “arrasa con derechos importantes de los trabajadores”.
Uno de los puntos que más cuestionó el dirigente fue la posibilidad de flexibilizar jornadas laborales. “Se le da todo el poder al empleador, incluso el de cambiar la jornada laboral cada semana de acuerdo a su único criterio. Esto significa negarle al trabajador un proyecto de vida propio”, explicó. Según indicó, un empleado no podría cursar estudios ni tendría previsibilidad para organizar su vida familiar si la jornada cambia constantemente.
Consultado sobre la posibilidad de consensos entre empresas y trabajadores, Pérez Crespo fue categórico: “No existe paridad de fuerzas, no existe posibilidad de consensuar. Es impensable que un trabajador pueda negarse a trabajar más horas porque tiene un curso o debe buscar a su hija”.
Respecto de la postura sindical, consideró que “habrá que preguntarse por qué no hubo una oposición más contundente”, aunque aclaró que, si bien algunos sindicatos intentaron resistir, otras dirigencias se negaron a hacerlo.
Sobre el trámite legislativo pendiente en Diputados, el abogado señaló que “es muy difícil saber qué va a pasar porque se juegan muchos intereses”. En ese sentido, recordó que durante el debate en el Senado “apareció un cambio la noche anterior donde se reducía el salario del trabajador enfermo y el tiempo de licencia”, algo que generó sorpresa incluso en legisladores oficialistas.
Uno de los capítulos más discutidos es el del Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones. “El fondo muestra que la reforma no responde a las PyMEs, sino a las grandes empresas”, sostuvo, y agregó: “No conozco en la historia del país una gran empresa que haya cerrado por indemnizaciones laborales”. También señaló que el último cambio consistió en reducir el fondo para las PyMEs y crear uno específico para las grandes firmas.
Para el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, existe además un problema conceptual sobre qué se entiende por pequeñas y medianas empresas. “Cuando se habla de PyMEs se piensa en el kiosco de la esquina, pero el proyecto habla de empresas que no tienen nada que ver con esa realidad”, afirmó. En ese punto, ejemplificó que una mediana empresa industrial puede facturar 100.000 millones de pesos al año.
Otro eje de críticas fue la posible inconstitucionalidad de algunos artículos. “La restricción del derecho de huelga vulnera toda la normativa de la OIT”, señaló. Además, cuestionó el pago en cuotas de las indemnizaciones: “Esto puede dejar al trabajador sin cobrar si la empresa desaparece, ya que no hay nada previsto en la ley para garantizar el cobro”.
Finalmente, Pérez Crespo anticipó que la reforma podría disparar los conflictos judiciales. “La ley tiene muchas trampas y está armada en función de los intereses de los grandes empresarios. Esto va a dar lugar a una cantidad importante de acciones judiciales; va a ser un caos”, concluyó.
El proyecto continuará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso entre oficialismo, oposición, sindicatos y sectores empresariales, en un contexto de alta tensión social por el impacto que la reforma podría tener en el empleo.
