Días atrás, el Senado aprobó por unanimidad la creación de un Sistema Preventivo de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados, como parte del paquete de Leyes de Seguridad remitido por el Poder Ejecutivo provincial. La medida busca actualizar y sistematizar el régimen existente, estableciendo controles rigurosos, especialmente en el ámbito de las autopartes. La senadora radical María Galiñares, en diálogo con FM Vos 94.5, explicó que dicha ley pone el foco en la prevención del delito.
«Este proyecto de ley apunta a brindar nuevas herramientas en relación a la lucha contra el delito. En el año 2009 se dictó la ley 8124 que establecía el procedimiento para la venta de cosas y muebles usadas con su correspondiente registro. Esta normativa tenía un sistema analógico manual. La misma no dio resultado, y esto tiene que ver con que debido al avance de la tecnología se venden muchos bienes que son robados», comenzó explicando María Galiñares.
«Dentro de este contexto, este martes el senado dio sanción definitiva para la creación de un Sistema Preventivo de control y registro para la compra-venta de bienes muebles usados. El mismo incluye controles más estrictos. Esta nueva ley contempla las facultades para que el personal del Ministerio de Justicia y Seguridad pueda ingresar, inspeccionar y detectar los bienes usados que venden las autopartes. Si los elementos no están registrados como lo establece la ley, podrán actuar de oficio. Así se le da intervención a la Justicia Contravencional o Penal», añadió.
En esa misma línea, expuso cuáles son los objetivos que plantea la nueva normativa. «Lo que procura esta Ley es poder darle mayores herramientas al Ministerio de Seguridad con el objetivo de lograr ejercer el control y proceder de acuerdo a las diferentes circunstancias. Debe anotar sus bienes en este registro toda persona humana o jurídica habilitada para dedicarse a la compra y venta de bienes muebles usados dentro del territorio de la provincia. No pueden tener mercadería que no esté inventariada, se debe acreditar el origen de la misma. La nueva legislación propone un sistema de control e inspección policial más efectivo, adaptado a los avances tecnológicos y cambios sociales», remarcó Galiñares. «En el Código Procesal Contravencional se incorpora la figura la adquisición de bienes sospechosos con multas y hasta arresto de 60 días», agregó durante la nota radial.
Asimismo, la legisladora aseguró que la medida apunta a combatir el delito de bienes usados robados que se venden a través de las redes sociales. «Como el registro será informático y público. La gente podrá ingresar al mismo y verificar el origen de los bienes. En ese sentido, cabe aclarar que según lo establece el artículo 11 del capítulo II del proyecto de Ley, que en el caso de las personas o empresas que en forma habitual realizan compra-venta de bienes, tendrán que dejar asentado en un apartado especial del registro los bienes en stock, las compras, ventas y demás operaciones, según lo establezca la reglamentación», precisó. «En la actualidad una enorme cantidad de los juicios tienen que ver con estafas virtuales. Dada la evolución tecnológica, se plantea ahora un sistema digital a través del cual se logre facilitar el control, como así también el registro de los bienes. El proyecto ya se convirtió en ley. Estamos esperando la reglamentación de la misma. Se trata de una iniciativa muy importante en lo que refiere a la prevención de esta clase de delitos», declaró María Galiñares al terminar la entrevista.
¿Qué es lo que contempla este proyecto?
El texto del proyecto subraya que muchos bienes, como las bicicletas, actualmente quedan fuera del registro establecido por el Decreto N°1189/10, a pesar de ser comúnmente objeto del mercado ilegal. Además, se critica la Ley 9169 sobre autopartes por limitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad, al someterlas al Ministerio Público Fiscal. La nueva legislación permitirá a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones y verificar la legalidad de los bienes y su documentación.
La nueva legislación establece que los municipios podrán ser depositarios de los bienes secuestrados y que estos podrán ser subastados, destruidos, compactados o adquiridos por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En el caso de las autopartes y repuestos usados, se requerirá que cualquier persona o entidad que comercialice o almacene estas piezas esté inscrita en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) y cumpla con las normativas de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Finalmente, se establece un régimen sancionatorio para quienes vendan bienes muebles sin prueba de su origen lícito. Las sanciones incluyen multas de 1000 a 4000 U.F. o arresto de 40 a 60 días, según el nuevo Artículo 116 bis incorporado a la Ley 9099, Código de Contravenciones.
