La Confederación General del Trabajo sufrió un primer revés en su estrategia judicial para frenar la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7 rechazó la medida cautelar con la que la central sindical buscaba suspender dos artículos clave de la norma.
El planteo de la CGT apuntaba contra los artículos 90 y 91, que habilitan el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La central obrera argumentó que esa transferencia podría implicar la desaparición del fuero laboral y generar dificultades para revertir la situación en caso de que la ley sea declarada inconstitucional.
Sin embargo, el magistrado consideró que no correspondía otorgar la cautelar en esta etapa del proceso. De esta manera, el traspaso continuará vigente mientras avanza la causa y hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.
La central obrera apelará y prepara nuevas acciones
Tras conocerse la resolución, desde la CGT confirmaron que recurrirán el fallo ante una instancia superior. La organización sindical anticipó que presentará una apelación ante la Cámara de Apelaciones en los próximos días para intentar revertir la decisión judicial.
En paralelo, la central obrera trabaja en una nueva presentación judicial que buscará cuestionar la reforma laboral en su totalidad. El escrito, según indicaron fuentes sindicales, podría presentarse en los próximos días.
El capítulo de la ley que habilita el traspaso del fuero laboral también generó preocupación entre trabajadores judiciales. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación advirtió que la medida podría poner en riesgo unos 1.600 puestos de trabajo y ya impulsó protestas gremiales.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma apunta a terminar con lo que denominan la “industria del juicio” y a mejorar la eficiencia del sistema laboral. En esa línea, autoridades porteñas señalaron que la transferencia del fuero también busca acelerar los procesos judiciales y reducir la litigiosidad.
