En medio de un clima de intensa discusión en el Congreso Nacional, el proyecto sobre RIGI ha capturado la atención de diversos sectores económicos y sociales en Argentina. La iniciativa, que forma parte de un paquete de reformas propuesto por el Gobierno Nacional de Javier Milei, busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares mediante la oferta de beneficios fiscales y garantías jurídicas. Sin embargo, este proyecto ha suscitado tanto expectativas como preocupaciones, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). En declaraciones a Diario San Rafael y FM Vos94.5, Mauricio Badaloni, representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), ofreció una visión detallada sobre los desafíos y oportunidades que presenta esta iniciativa.
Badaloni comenzó su intervención destacando la necesidad urgente de atraer grandes inversiones para revitalizar la economía argentina. “Este país está necesitando obviamente de inversiones e inversiones en gran escala para salir adelante”, afirmó. Sin embargo, reconoció que para generar estas inversiones, es fundamental crear las condiciones adecuadas. “Hay que generar también las condiciones para que lleguen”, añadió, enfatizando la importancia de un entorno favorable que incluya beneficios fiscales y seguridad jurídica.
Uno de los puntos más críticos del debate es la posible asimetría que el proyecto RIGI podría crear en relación con las pymes. Badaloni expresó su preocupación por este aspecto, señalando que cualquier desequilibrio podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas. “Cualquier asimetría habría que corregirla con una ley PYME que fortalezca a las pequeñas y medianas empresas”, subrayó. Según él, las pymes son esenciales para la economía argentina, ya que son grandes generadoras de empleo y forman parte integral de la cadena de valor de las grandes inversiones.
El representante de la UIA también destacó los obstáculos actuales que enfrentan las inversiones en Argentina, mencionando la falta de seguridad jurídica como uno de los más significativos. “La falta de seguridad jurídica está afectando a sectores como la minería y el petróleo y gas”, explicó. Badaloni mencionó que existen proyectos de gran envergadura, como los relacionados con la explotación de Vaca Muerta y la expansión de puertos en Bahía Blanca, que están pendientes de ejecución debido a la inseguridad jurídica. “Son inversiones que superan los 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares y que le permiten a la Argentina poder exportar energía”, dijo, destacando la importancia de estas inversiones para el futuro económico del país.
Badaloni hizo hincapié en la necesidad de apoyar tanto a las grandes inversiones como a las pymes para que Argentina pueda crecer económicamente de manera equilibrada. “El RIGI va a despertar todas las inversiones que están en proceso de poder ejecutarse,” afirmó. Sin embargo, advirtió que sin un apoyo adecuado a las pymes, el impacto positivo de estas inversiones podría ser limitado. “Tenemos que acompañar a las empresas pymes que también son parte del encadenamiento de valor de estas grandes empresas”, insistió.
En cuanto a las expectativas de avanzar con el proyecto RIGI, Badaloni informó que han estado en contacto con funcionarios del área de economía y otras entidades gubernamentales para discutir la viabilidad de estas reformas. “Se viene trabajando con Juan Paso, una persona que hemos conocido mucho en este último tiempo, y el subsecretario Pyme,” reveló. Según él, el diálogo con las autoridades ha sido constante y productivo, y hay un consenso sobre la necesidad de aprobar leyes que beneficien al sector privado y promuevan el desarrollo económico.
El representante de la UIA también abordó la importancia de que las leyes necesarias sean aprobadas de manera unánime y que se evite la politización excesiva del tema. “La Ley de Bases ha tornado en una discusión más política”, lamentó. “Lo interesante es que ahora las instituciones estén usando esta ley PYME para corregir las asimetrías”, agregó. Badaloni enfatizó que las reformas deben ser diseñadas pensando en el sector privado y en la creación de empleo formal, un objetivo que ha sido difícil de alcanzar en los últimos años.
Badaloni concluyó subrayando la importancia de simplificar las regulaciones y reducir la carga impositiva para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. “Tenemos un exceso de impuestos, un exceso de regulaciones que condicionan la competitividad”, afirmó. “Hay que simplificar las leyes que generen un impacto positivo”, agregó, destacando que casi el 50% del precio de los productos en los supermercados son impuestos. Según él, esta simplificación es crucial para que Argentina pueda competir en igualdad de condiciones en el mercado global.
