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San Rafael tendrá su Polo Judicial Penal antes de que termine el 2025

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Antes de que concluya 2025, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza espera en funcionamiento el nuevo Polo Judicial Penal de San Rafael, un edificio moderno y estratégico que concentrará el 80% de las dependencias del organismo en el sur de la provincia.

La medida representa un avance significativo en la descentralización y modernización de la justicia mendocina.

En abril de este año, el propio titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé confirmó la creación de un Polo Penal Judicial en San Rafael, siguiendo el lineamiento que se aplicó hace algunos años en el Gran Mendoza.

Ahora, en el resumen de la Bicameral de Seguridad anunció que se busca esté funcionando para antes de que termine el año en curso

El Polo está diseñado para optimizar la atención al ciudadano, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer el sentido de pertenencia del personal. La unificación de áreas permitirá una mejor coordinación de tareas, acelerando la gestión de casos y reduciendo los tiempos de respuesta judicial.

El nuevo espacio no solo facilita el trabajo interno, sino que también mejora la experiencia de quienes deben interactuar con el sistema judicial. Centralizar la atención permite ofrecer un servicio más integral y accesible para los vecinos del sur provincial.

JUSTICIA CERCA, MODERNA Y FUNCIONAL

La iniciativa forma parte de una política más amplia del Ministerio Público Fiscal, orientada a garantizar un sistema de justicia más eficiente, inclusivo y territorialmente accesible. En paralelo, se avanza con otros proyectos de infraestructura en la provincia, como la construcción del Centro Cívico Judicial de Tunuyán, en el Valle de Uco.

UNA TRANSFORMACIÓN CON IMPACTO

Estas obras no solo responden a una necesidad edilicia, sino que reflejan un cambio de paradigma: llevar la justicia a donde está la gente, con estructuras modernas y personal capacitado, priorizando la cercanía, la eficiencia y la transparencia.

De esta manera se busca que el acceso a la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para todos los vecinos.

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