La Legislatura de Mendoza avaló el miércoles pasado el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial para reformar la Ley 9106, sancionada en 2018, que amplía los delitos para ser juzgados por juicios por jurado.
Sobre esto dialogamos con el diputado provincial Adrián Reche. «A partir del 2018 la provincia sancionó la ley 9106 donde se puso en funcionamiento el instituto del juicio popular donde los ciudadanos de a pie intervienen en la determinación de un veredicto de culpabilidad de una persona que cometió un delito», reconoció en FM Vos.
Si bien esto estaba contemplado incluso en la Constitución Nacional y la Asamblea de 1913, desde el 2018 «se puso en práctica este sistema que genera un cambio profundo en la justicia y como prueba piloto, se tomaron los casos de homicidios agravados, a la fecha se han realizado 29 juicios por jurado y pasaron más de 450 personas como jurados».
Para Reche, con los más de 40 veredictos efectuados mediante este sistema de enjuiciamiento, «esto demuestra una real democratización de la justicia por lo que se dispuso sancionar una ley para ampliar los delitos que sean juzgados por un jurado popular como los abusos sexuales seguidos de muerte, homicidios agravados por uso de arma de fuego y cometidos en ocasión de robo».
Grises
El legislador afirmó que al proyecto se le hicieron algunos retoques «por algunos aspectos grises que ya fueron zanjados, lo que se busca no es suplir la función del juez técnico sino que con sentido común y pruebas que se exponen, sea el ciudadano quien decida la culpabilidad de una persona en un juicio, esto le da mayor transparencia al proceso judicial».
Por otro lado, Reche insistió en que con los juicios por jurado «se logra también una legitimidad de un poder como el judicial, que tantas veces es juzgado con hechos como las famosas puertas giratorias, es decir que el delincuente volvía a salir y cometer hechos delictivos».
Para finalizar, el diputado expresó que «luego de ventilar todo el debate, el jurado mediante las guías que le otorga el juez, en una sesión secreta deben resolver por unanimidad, o sea las 12 integrantes, si la persona acusada es o no culpable; el juez técnico es quien otorga la pena y no puede apartarse de la decisión del jurado popular».
Intervención del ciudadano
La participación del ciudadano en este tipo de juicios le da legitimidad a la Justicia según Reche y «se cumplen principios de imparcialidad porque el jurado es sumamente puro en esta toma de decisiones, se han resuelto casos muy resonantes de los últimos años en la provincia».
