El sobreseimiento del intendente de Lavalle Roberto Righi y de otros funcionarios vinculados con la investigación sobre la organización kirchnerista Tupac Amaru, provocó a su vez que cayeran las causas de extinción de dominio. Al ya no haber funconarios imputados, la causa quedó en abstracto, pero los bienes secuestrados seguirán retenidos por el Estado.
La semana pasada, Righi recibió el fallo a favor de la jueza Eleonora Arenas, del Primer Juzgado Penal Colegiado, junto a un grupo de ex funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda que habían sido imputados en 2019 por la fiscal Gabriela Chaves por fraude a la administración pública por el desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas en Lavalle.
El fallo entró en consonancia con lo solicitado por el fiscal Flavio D´Amore, que había pedido el sobreseimiento por no haber encontrado elementos suficientes para avanzar con la investigación.
Además de Righi estaban imputados ex directores del IPV de extracción peronista: Carmelo Simó, Omar Parisi, Manuel Moreno y Jorge Pérez. A la vez, otro funcionario municipal de Righi, José Blanco.
Por este fallo, entonces, las causas por extinción de dominio sobre los funcionarios justicialistas quedaron en abstracto dado que, explicaron fuentes de tribunales, para que haya extinción primero debe haber funcionarios imputados. Se trata de una figura que castiga la compra de bienes con dinero proveniente de hechos de corrupción.
Ahora bien, en el marco de esa investigación, la Justicia había avanzado en 2019 con el secuestro de determinados bienes propiedad del resto acusados, principalmente vehículos de la famila de Nélida Rojas y su entorno. Esos bienes seguirán en poder del Estado y no serán devueltos a los imputados, ya que la causa penal contra ellos continúa activa.
Esos bienes, mientras tanto, podrían ser usados a requerimiento del Ministerio de seguridad, de acuerdo con el artículo 226 del Código Procesal Penal. Y, en el caso de que haya condena, pueden llegar a remate.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que continúan investigándose más de 150 causas contra la Tupac Amaru, cuya referente en Mendoza es Nélida Rojas. Algunas hechos ya tienen fecha para ser tratadas en juicio, mientras que otras siguen su instrucción debido a su complejidad.
La investigación por el desvío de fondos para la construcción de viviendas de la Tupac Amaru fue la primera en la que se aplicó la legislación de extinción de dominio, tras la sanción de la ley 9151 que regula esta figura legal.
La mega causa tiene ya una persona condenada: se trata Lourdes Oviedo, mano derecha de Rojas, que confesó los hechos que le imputaban y llegó a un acuerdo con el fiscal Flavio D’Amore. La pena fue de un año y tres meses de prisión por el delito de estafa.
Fuente. el Sol
