El Gobierno confirmó los despidos de dos médicos de la órbita del Estado, debido a graves situaciones relacionadas con sus conductas. Uno de ellos concurrió al ebrio al trabajo y fue denunciado por una enfermera por abuso sexual simple. En tanto, el segundo caso, se confirmó que otro profesional había incurrido en hostigamiento y acoso laboral contra otra compañera.
Ebrio
El Gobierno de Mendoza oficializó la expulsión definitiva del sistema de salud pública de un médico, quien se desempeñaba en el Hospital Malargüe. La medida, ratificada mediante un decreto de cesantía publicado este jueves en el Boletín Oficial, se tomó tras comprobarse una serie de conductas gravísimas que incluyen presentarse a trabajar en estado de ebriedad y cometer un abuso sexual contra una trabajadora durante una guardia médica.
Los hechos que originaron el sumario administrativo ocurrieron cuando el profesional debía iniciar su turno a las 8. Según consta en el expediente, no solo llegó con más de dos horas de demora, sino que lo hizo en un “aparente estado de ebriedad” que le impedía realizar cualquier tarea médica.
En ese contexto, se produjo un incidente con una enfermera del hospital que derivó en una denuncia penal por abuso sexual simple.
A pesar de que la defensa del médico solicitó suspender el despido administrativo argumentando que la condena penal aún no está firme —debido a un recurso de casación ante la Suprema Corte—, el Ejecutivo Provincial rechazó el planteo.
El decreto subraya la independencia de las esferas penal y administrativa, señalando que, más allá del delito doloso, el profesional violó múltiples deberes de la Ley de Carrera Profesional y el Convenio Colectivo del sector salud.
La investigación interna fue contundente: el Instructor Sumariante y el Consejo Deontológico Médico sugirieron la sanción máxima. Aunque la Junta de Disciplina había recomendado esperar el fallo final de la justicia penal, el Gobernador optó por aplicar la cesantía inmediata basándose en la gravedad de las faltas administrativas probadas, las cuales son “plenamente válidas por sí mismas” independientemente del resultado del proceso judicial.
Violencia de género y acoso laboral
El Poder Ejecutivo provincial oficializó este jueves por decreto -aunque la norma tiene fecha del 10 de diciembre de 2025- en el Boletín Oficial el despido definitivo de un médico del Hospital Central, tras comprobarse su responsabilidad en reiterados hechos de violencia de género y hostigamiento psicológico en el ámbito laboral.
La medida se tomó mediante la aplicación del protocolo de intervención ante situaciones de violencia laboral y sexual, luego de una denuncia que describió un clima de humillaciones e insultos sostenidos en el tiempo.
La investigación administrativa determinó que el médico ejercía un maltrato recurrente hacia una colega profesional, caracterizado por gritos, descalificaciones y un menoscabo constante a su labor. El decreto resalta que estas acciones, basadas en una relación asimétrica de poder, generaron un desgaste significativo y consecuencias negativas en la salud mental y física de la denunciante, quien debió recurrir al servicio de salud ocupacional con altos cuadros de angustia.
Un dato clave en el expediente sumarial fue el informe de la oficina de personal del Hospital Central, que confirmó que el sumariado no había realizado el curso de capacitación obligatoria en género establecido por la Ley Micaela (Ley Nº 27.499).
Durante el proceso, el médico se abstuvo de declarar en la audiencia indagatoria y basó su defensa en que su temperamento era simplemente “fuerte” o “exigente“, intentando justificar su comportamiento en supuestos errores profesionales de la denunciante. Sin embargo, los testimonios de colegas y la aplicación de los estándares de amplitud probatoria vigentes en leyes de protección integral a la mujer fueron determinantes para rechazar sus argumentos.
Con la firma del Gobernador, se aplicó la sanción máxima de cesantía, apartándose de la sugerencia del Consejo Deontológico que pedía solo 30 días de suspensión. La decisión final adhirió al criterio de la Instrucción y de la Junta de Disciplina, considerando que el incumplimiento de los deberes fue grave y reiterado. El decreto también ordena notificar a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para registrar la inhabilitación del profesional.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/violencia-de-genero-y-alcohol-en-el-trabajo-los-motivos-por-los-que-salud-echo-a-dos-medicos/
