La reciente muerte del alcaide sanrafaelino Pablo Antonio Rivero Ríos, en Tunuyán, ocurrida durante la persecución de dos internos que se fugaron de un establecimiento penal, ha encendido las alarmas en la Legislatura provincial. El senador provincial sanrafaelino Martín Rostand encabeza un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y Justicia para esclarecer no solo las vulnerabilidades del sistema de custodia, sino también las condiciones laborales de los agentes penitenciarios.
En diálogo con FM Vos 94.5, Rostand analizó la crisis del sistema carcelario, las fugas que calificó como «cinematográficas» y el conflicto por la ampliación de la cárcel en el sur mendocino. Para el legislador, el fallecimiento de Rivero, quien sufrió un evento cardíaco tras enfrentar a los fugitivos, es el síntoma de un problema estructural donde se cruzan la falta de seguridad y el desamparo laboral.
“Es una situación dramática. Según la información que nos llega de familiares y compañeros, las condiciones en las que se mueven los penitenciarios son preocupantes. Aquí hubo una vulnerabilidad evidente: dos presos peligrosos se escaparon caminando por una obra en construcción que da a la calle”, comentó.
Rostand puso el foco en la situación personal del alcaide: “Él había sufrido un episodio cardíaco grave a principios de año y pidió el alta voluntaria, aun sin el consentimiento de su médico, para evitar que le descontaran parte del sueldo por una licencia prolongada. Lo destinaron al mismo lugar de alta responsabilidad, se produjo la fuga, salió a perseguirlos y, producto del estrés y el enfrentamiento, perdió la vida”.
Fugas y falta de eficacia estatal
Para el senador, los hechos ocurridos recientemente en Tunuyán y en el Hospital Central de Mendoza ponen en tela de juicio los protocolos de vigilancia. “Vimos otra anécdota casi cinematográfica. Dos internos se descolgaron con sábanas anudadas desde un tercer piso; uno de ellos murió al caer y era un delincuente peligrosísimo. Es inentendible que hayan podido limar barrotes con una sierra estando custodiados por cuatro centinelas”, remarcó.
Según su visión, existe una contradicción entre la inversión en tecnología y los resultados operativos: “Al Ministerio de Seguridad no le faltan recursos; vemos periódicamente cómo se renueva equipamiento con visión nocturna, rayos láser y cámaras sensibles. Sin embargo, todo ese gasto no se condice con una realidad donde los presos se escapan caminando o con sogas hechas de sábanas. La gestión de la ministra Rus está haciendo agua en lo elemental”.
El conflicto por la cárcel en El Cerrito
Rostand también se refirió a la polémica licitación para ampliar la unidad penal de El Cerrito, proyecto que se encuentra trabado por la falta de factibilidad técnica municipal y el rechazo vecinal. “Es una situación complicada donde falta diálogo o sobra improvisación. Se percibe una pelea política entre el gobierno provincial y el municipal que termina pasando por encima del vecindario”, opinó en Diario San Rafael.
Si bien reconoció que las condiciones actuales de los internos son «inhumanas e inconstitucionales» y que se necesitan nuevas cárceles, cuestionó la ubicación elegida: “Llama la atención que quieran imponer una ampliación en una zona urbana cuando San Rafael tiene kilómetros de territorio, como en El Sosneado u otras locaciones alejadas de centros poblados. No se entiende la lógica de querer imponer esta circunstancia evitando el consenso”.
Finalmente, denunció que los plazos legales para obtener respuestas por parte del Ejecutivo sobre el pedido de informes ya han vencido. “Seguimos esperando. Queremos colaborar, pero para eso necesitamos claridad sobre las precauciones que se toman en los traslados y la salud de quienes deben vigilar a los delincuentes”, concluyó.
