A dos meses de su promulgación, la Ley 9578 que regula la actividad de las empresas de seguridad privada en la Provincia todavía no cuenta con una reglamentación. El retraso se da por diferencias entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Cámara de Empresarios de Seguridad e Investigaciones de Mendoza (CESIM). El próximo 15 de enero ambas partes volverán a reunirse.
En la mesa de diálogo también participan la Dirección del Registro Provincial de Armas y Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (REPRIV) y la Unión del Personal de Seguridad Privada (UPSRA). A pesar de las discrepancias, todos los actores coinciden en que existe “un buen diálogo”.
La norma, sancionada a principios de octubre y promulgada a finales del mismo mes, busca la “profesionalización” y “regularización” tanto de los agentes como de las empresas del sector. Sin embargo, a pesar de su vigencia, la CESIM y el propio ministerio temen por su continuidad.
“La ley está en vigencia porque ya fue publicada en el Boletín Oficial, pero el problema es que no cuenta con una reglamentación. Sin esto, se corre el riesgo de que pueda ser declarada inconstitucional o que futuros directivos la interpreten de manera arbitraria, lo cual sería un problema”, advirtió Pablo Martínez, presidente de CESIM.
No obstante, Martínez reconoció que la propia ministra (Mercedes Rus) se ha mostrado predispuesta a alcanzar un acuerdo para “lograr la mejor ley posible”. En la última reunión, desarrollada el miércoles de la semana pasada, la titular de la cartera de Seguridad solicitó un nuevo encuentro para el 15 de enero, en el que CESIM deberá presentar una serie de propuestas para la reglamentación.
“Tras reunirnos con la ministra (por Mercedes Rus), acordamos que la cámara presentaría opciones para reglamentar los puntos que planteamos. Queremos proteger los derechos adquiridos para evitar futuros inconvenientes con el personal. Afortunadamente, el ministerio comprendió nuestra postura”, agregó Martínez.
Los puntos de conflicto
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la formación de los agentes, ya que establece que los vigiladores deben contar con el secundario completo y que los directores técnicos deben poseer el título universitario de Licenciatura en Seguridad.
Por eso, propone un plazo de dos años para que los empleados “regularicen su situación”. Esta disposición ha generado “cierto malestar” entre los empleados, por lo que desde CESIM consideran que “la ley no debe ser retroactiva” y que el plazo propuesto queda sujeto “a la buena voluntad de los agentes”.
“Las diferencias comenzaron cuando intentaron aplicar la ley de manera retroactiva, algo que ninguna norma permite. Muchos vigiladores, con más de 20 años de antigüedad, no pueden ser obligados a cumplir con estas exigencias porque podría considerarse inconstitucional. No es justo negarles la credencial porque no tienen los estudios terminados”, explicó Martínez.
En la misma línea, el presidente de CESIM enfatizó: “Queremos que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores con más de 20 o 30 años de experiencia. En su momento no pudieron culminar sus estudios y ahora no parece lógico obligarlos, especialmente en casos donde están próximos a jubilarse”.
Otro punto de conflicto es el uso de uniformes. El edicto 9578 estipula que los agentes de seguridad privada no deben portar vestimentas similares a las de las fuerzas de seguridad de la provincia.
CESIM acordó que todos los uniformes de los agentes de seguridad privada consistan en un pantalón negro y una remera o camisa de color arena. Sin embargo, la discusión gira en torno al diseño de las camperas.
“Solicitamos que las camperas sean negras porque el color arena puede asociarse con la Prefectura Naval. Aunque actualmente no opera en la provincia, en el futuro cualquier autoridad gubernamental podría permitirlo”, concluyó Martínez.
En el edificio ubicado en calle Salta 672, de Godoy Cruz, sostienen que estos requisitos fueron “saldados” durante el tratamiento legislativo del proyecto presentado por Rus a principios de mayo. Además, con la posterior promulgación de la ley, se resolvieron varios reclamos históricos.
Asimismo, destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando tanto con el Repriv como con CESIM para la reglamentación de la norma. Sin embargo, advirtieron sobre los plazos establecidos para que los agentes completen sus estudios secundarios u obtengan su título universitario.
“Estamos abiertos a trabajar en la implementación. Pero es importante aclarar que los plazos son amplios, ya que comienzan a regir desde el momento en que se aplique la implementación“, cerraron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/seguridad-privada-las-diferencias-entre-el-gobierno-y-las-agencias-que-demoran-a-la-nueva-ley/
