La Cámara de Senadores convirtió en ley por 35 votos a favor y 26 en contra un blanqueo de dólares no declarados que sean invertidos en la construcción, mediante el pago de entre el cinco y el veinte por ciento del monto declarado. Con esa norma, denominada «de incentivos impositivos para declarar bienes», el Gobierno espera recaudar una US$ 4.500 millones en momentos en que su principal problema es la pérdida de reservas del Banco Central. La iniciativa fue producto de un acuerdo entre el presidente del bloque del PRO de Diputados, Cristian Ritondo, y el ex presidente de la Cámara, Sergio Massa. El ingreso de este último al Ministerio de Economía destrabó su tratamiento en el Senado, cámara a la que había ingresado en mayo pasado.
De acuerdo con el texto sancionado, el blanqueo durará un año. Los bienes declarados en los primeros 90 días de la vigencia de la ley pagarán el 5%, en los siguientes 90 días, el 10% y en los últimos 180, el 20%. Los fondos exteriorizados no pagarán el impuesto a los bienes personales ni sus titulares podrán ser perseguidos legalmente, excepto en los casos de lavado de dinero proveniente de actividades delictivas.
El proyecto de Massa y Ritondo es la respuesta al fracaso del blanqueo general de 2021 que en ese rubro recaudó sólo 200 millones de dólares. La escasa adhesión fue atribuida a la demora en la reglamentación por parte de la AFIP, ya que estuvo vigente apenas tres meses, entre marzo y julio de ese año.
Los montos declarados deberán ser aplicados a construcciones nuevas o realizados en menos del 50% del proyecto total. Para estimular la reversión de los planes sociales en empleo genuino se dispone además que no pierdan ese beneficio quienes trabajen en obras incluidas en el nuevo régimen. En defensa de la iniciativa el kirchnerista Ricardo Guerra señaló el poder económico multiplicador de la actividad de la construcción. El radicalismo, en cambio, lo rechazó. El chaqueño Víctor Zimmerman sostuvo que era inequitativo para los que cumplen con sus obligaciones fiscales y un favor para los que evadieron y llevaron sus dólares al exterior.
A continuación Cámara aprobó por 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención el consenso fiscal firmado en 2021 por la Nación y las provincias que permitió a estas últimas aumentar gravámenes como el de ingresos brutos y el impuesto a los sellos. La oposición votó dividida. El proyecto pasó a Diputados.
En otro orden el cuerpo aprobó por unanimidad y giró a Diputados la autorización para el ingreso de tropas extranjeras y la salida de tropas locales del territorio nacional para participar en maniobras con fuerzas de otros países. Sancionó, además un régimen jubilatorio especial para combatientes de incendios forestales e hizo ley un plan nacional de acción para la prevención y control de la resistencia antimicrobiana.
