La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales analizó el proyecto que presentó la diputada María José Sanz (UCR) y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Se solicita a través del mismo la incorporación de nuevos incisos al artículo 6 de la ley 8611, sancionada en el año 2013.
El Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas depende del Poder Judicial y se basa en la huella genética digitalizada obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas en la ley, que enumera quiénes son los que tienen la obligación de someterse a ese registro. Gracias a esta herramienta, dotada de un software muy moderno y especializado que utiliza, por ejemplo, el FBI en Estados Unidos, se han aclarado muchos delitos graves en la provincia de Mendoza.
En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, la diputada Sanz expresó que la ley marca quiénes son las personas que están obligadas a dejar su perfil genético en el banco, entre ellas los integrantes de las fuerzas de seguridad. “Nosotros estamos pidiendo que se incluya a personas que son alumnas del Instituto Universitario de Seguridad Pública, tanto en la carrera de Seguridad Pública como en la de Seguridad Penitenciaria”, dijo, y agregó que la razón es que muchas veces, durante la realización de sus prácticas profesionalizantes, pueden contaminar la escena de un crimen sin intención de hacerlo, pero también puede pasar que los alumnos dejen su carrera a la mitad y ya tienen, por ejemplo, conocimiento sobre manejo de armas o sobre cómo es la fuerza policial por dentro, lo que les daría una “ventaja” en caso de desear cometer delitos.
También se pide que en el mismo registro sean incluidas las personas que realizan labores de vigilancia privada, pues cada vez hay más barrios y garitas. “Cuando hay un asalto a una vivienda, siempre llega primero el vigilador privado, pudiendo contaminar la escena, y él queda sospechado cuando en realidad fue a trabajar y a hacer las cosas de buena manera, de buena fe y cumpliendo con su rol”, señaló.
El Senado pidió que se incorporen los preventores municipales, lo cual acompaña Sanz, más allá de que en San Rafael aún no haya un cuerpo de preventores.
