La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas para los responsables de las irregularidades técnicas del micro que protagonizó la Tragedia de la Cuesta de los Terneros en San Rafael ocurrida en 2017, donde 15 personas, en su mayoría niños, de la escuela de baile “Soul Dance”, del partido bonaerense Malvinas Argentinas, murieron tras el impacto del colectivo contra un cerro, tragedia que enlutó a todo el país. Carla Spagnolo, abogada querellante que representa a la mayoría de las familias de las víctimas del terrible accidente totalmente evitable, analizó en Fm Vos 94.5 el fallo de 180 páginas que valida la investigación por falsedad ideológica. Aunque se siente conforme desde lo profesional por haber demostrado el «modus operandi» de una red de corrupción pericial, reconoce que las penas resultan escasas frente al dolor irreparable de quienes perdieron a sus hijos y familiares.
Un fallo por mayoría que ratifica la culpabilidad
Tras años de idas y vueltas judiciales, la Justicia Federal dio un paso decisivo al confirmar las penas impuestas en primera instancia. El fallo, resuelto por dos votos a favor y uno en contra, pone la lupa sobre los controles técnicos que fallaron sistemáticamente antes del fatídico accidente. «Estamos muy movilizados. La sentencia es extensa, tiene 180 páginas, pero lo central es que se confirmaron las condenas de los tres jueces de la Cámara Federal de Casación por mayoría. Hoy estamos en presencia de condenas confirmadas para la titular registrada del vehículo (Marcia Gabriela Villagra), para el señor Mario Pinelli —dueño de la planta verificadora— y para un grupo de ingenieros e inspectores», precisó la Spagnolo.
«En total, cinco personas cuyas penas han sido ratificadas. Si bien les queda el derecho de ir ante la Corte, esperamos que esto quede firme para empezar a pedir las detenciones correspondientes, especialmente en los casos donde el monto de la pena lo amerita», apuntó.
PENAS
Mario Pinelli, dueño del taller mecánico, recibió cinco años de prisión; los ingenieros Mario Gabriel Eusebio (cuatro años y cuatro meses), Edgardo Marcelo Gallardo (tres años) e Ignacio Efraín Peralta (dos años y diez meses), fueron condenados por brindar sus usuarios y contraseñas para facilitar las adulteraciones en el sistema; y Villagra, titular del micro, fue condenada a tres años de prisión.
EL TECHO DE LAS PENAS Y LA «DEUDA» CON LAS FAMILIAS
Las condenas oscilan entre los tres años de prisión en suspenso y los cuatro años y seis meses de cumplimiento efectivo. Para la querella, estos montos reflejan una limitación legislativa que no guarda proporción con la magnitud del desastre causado. «Como abogada, tengo que decir que estamos conformes porque fue un trabajo extensísimo demostrar que toda esta gente estaba vinculada a este delito y a la tragedia. Pero nuestra ley, ante el delito de falsedad ideológica —adulterar información que termina causando un desastre semejante— maneja penas muy bajas, con un máximo de seis años», señaló.
«Poniéndome en el lugar de las familias, el resultado me parece poco para el desastre que causaron y la corrupción que manejaron durante tantos años. Murieron quince personas, pero hay un daño invisible en los padres que sufren día a día la ausencia de sus hijos», expresó Carla Spagnolo.
RADIOGRAFÍA DE LA CORRUPCIÓN PERICIAL: UN SISTEMA DISEÑADO PARA EL ENGAÑO
La investigación judicial no se limitó a analizar el estado mecánico del micro siniestrado en la Cuesta de los Terneros; fue más allá, destapando una compleja red de irregularidades en el transporte de pasajeros que, de forma silenciosa, ponía en riesgo miles de vidas a diario. Lo que el expediente reveló no fue una negligencia puntual, sino una maquinaria de falsificación técnica instalada en el corazón de los controles. «Logramos demostrar que no fue un error aislado ni un descuido de un inspector. Se trataba de un sistema de corrupción donde ninguno de los involucrados desconocía lo que estaba haciendo, ni en ese micro ni en el resto de los vehículos que fueron secuestrados. Era un ‘modus operandi’ aceitado: se adulteraba la información técnica para que unidades que jamás hubieran pasado una inspección seria, obtuvieran el permiso para circular y transportar personas por las rutas del país», expuso la abogada Spagnolo.
«El alcance de la red era masivo. A raíz de esta causa se secuestraron más de 15 unidades que circulaban en condiciones irregulares», salvando potencialmente otras vidas al sacarlas de circulación. Los condenados fueron imputados por 31 hechos distintos de adulteración de información técnica, lo que demuestra la habitualidad de la práctica delictiva», destacó.
«Ojalá que esto marque un antes y un después. El sistema de control cambió y se digitalizó más, pero las acciones humanas no; sin controles estrictos y penas ejemplares, siempre encontrarán la manera de corromper el sistema», advirtió.
LA CAUSA EN SAN RAFAEL VA A PASO LENTO
Más allá del avance en el fuero federal, la lucha de las familias continúa en la justicia provincial de Mendoza, donde se espera una definición clave de la Suprema Corte para evitar que la causa por las muertes prescriba o se cierre sin un debate oral. En la causa sanrafaelina están imputados Marcia Villagra y Jorge Pinelli padre. «En San Rafael seguimos a la espera del fallo de la Suprema Corte de Mendoza. El año pasado apelamos la decisión de un juez de instancia inferior que intentó cerrar la causa por homicidio justo antes del juicio. Confiamos plenamente en que la Corte permitirá que este proceso llegue a un debate oral y público», declaró la abogada querellante que representa a las familias de las víctimas.
«Las familias no buscan solo un número de años de cárcel; necesitan que el sistema judicial mendocino les garantice un juicio donde se determine la verdad sobre la pérdida de sus seres queridos. Es una cuestión de dignidad y de respeto a la memoria de las 15 víctimas», concluyó.
EL FALLO RATIFICADO POR LA CASACIÓN PENAL CONFIRMÓ UNA SERIE DE CONDENAS
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal no solo es una pieza jurídica de gran volumen, sino un documento que desglosa cómo cada uno de los implicados aportó una pieza clave para que el micro, que terminó desbarrancando en la Cuesta de los Terneros, pudiera estar en la ruta. La justicia fue contundente al determinar que todos los sentenciados intervinieron en maniobras dolosas para burlar los controles reglamentarios.
EL DETALLE DE LAS PENAS RATIFICADAS:
Mario Pinelli (Dueño del taller mecánico): Recibió la pena más alta, cinco años de prisión. Se lo considera el eslabón central de la planta verificadora donde se gestaban las irregularidades.
Mario Gabriel Eusebio (Ingeniero): Condenado a cuatros años y cuatro meses de prisión por su participación necesaria en el esquema de falsificación.
Edgardo Marcelo Gallardo (Ingeniero): Recibió una pena de tres años de prisión.
Ignacio Efraín Peralta (Ingeniero): Condenado a dos años y diez meses.
Tanto Gallardo como Peralta fueron hallados responsables de facilitar sus usuarios y contraseñas personales para permitir que se ingresara información adulterada al sistema oficial de verificación.
Marcia Villagra (Titular del micro y la empresa de transporte y ex esposa de Jorge Pinelli, el chofer del ómnibus que falleció en El Nihuil y nuera de Jorge Pinelli padre, quien era el chofer acompañante y no resultó herido): Fue condenada a tres años de prisión de ejecución en suspenso, por su responsabilidad directa como propietaria de la unidad que no reunía las condiciones mínimas para el transporte de pasajeros.
