La reciente decisión de la Cámara Federal de Casación, al ratificar las condenas para los responsables de adulterar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) del ómnibus que protagonizó la tragedia de la Cuesta de los Terneros, representa mucho más que un tecnicismo legal. Es la confirmación judicial de que aquel fatídico 25 de junio de 2017 no fue producto exclusivo del azar o de una maniobra desafortunada, sino el desenlace previsible de una red de corrupción administrativa que priorizó el lucro por sobre la vida..
La condena a Mario Pinelli, junto a los ingenieros responsables de la certificación apócrifa, deja al desnudo un modus operandi donde los sellos y las firmas se convirtieron en instrumentos de muerte. No estamos ante un error aislado; la investigación federal demostró la existencia de una trama organizada para habilitar vehículos mediante el uso fraudulento de credenciales periciales. Este avance en el fuero federal es un mensaje contundente contra la desidia institucional, pero también actúa como un recordatorio doloroso de lo que aún falta resolver en nuestra provincia.
Mientras la justicia federal avanza con rigor, la sociedad sanrafaelina observa con justificada impaciencia los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Es en el ámbito provincial donde todavía se aguarda una definición trascendental sobre la responsabilidad penal de Marcia Villagra y Jorge Pinelli por el delito de homicidio. La sombra de la prescripción es un fantasma que no solo atormenta a las familias de las quince víctimas —en su mayoría niños y adolescentes—, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de nuestro sistema judicial para resolver causas de alto impacto social.
La ratificación de las penas por la falsedad de la RTO debe servir como un catalizador para que la justicia mendocina actúe con la misma fir
