La redefinición del esquema de concesión del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, sobre el río Atuel, sumó un nuevo capítulo en el ámbito legislativo mendocino tras el ingreso de un proyecto de ley que busca otorgar participación activa a los departamentos del sur provincial —San Rafael, General Alvear y Malargüe—, a las comunas locales y a las asociaciones de usuarios en el proceso licitatorio y el posterior control operativo. La iniciativa propone establecer auditorías ciudadanas, mecanismos de control sobre los montos de seguros derivados de emergencias climáticas y la realización obligatoria de audiencias públicas informativas antes de adjudicar las centrales a nuevos actores privados. El objetivo central apunta a dotar de previsibilidad al costo final de la tarifa eléctrica, transparentar el listado de empresas oferentes y asegurar la trazabilidad del volumen de generación. En diálogo con FM Vos (94.5), el diputado provincial Jorge Andrés Difonso (La Unión Mendocina), coautor del proyecto, desglosó los ejes de la propuesta, descartó contradicciones sobre el rol del Estado, detalló las dudas vigentes en torno al cobro de pólizas y confirmó el estado de debate parlamentario en la Cámara de Diputados.
Participación de municipios, auditoría de usuarios y audiencias públicas
Apenas comenzó la charla, Difonso fundamentó la necesidad de incorporar a los gobiernos locales del sur mendocino y a los consumidores en el armado de los pliegos y en el seguimiento de la administración hidroeléctrica. «La participación de los usuarios en todo este proceso, en el cual se están confeccionando los pliegos para la licitación de la concesión de Los Nihuiles y el posterior seguimiento de la nueva administración en las centrales, resulta fundamental. Es una medida que apunta a transparentar una etapa en la que los activos han vuelto transitoriamente a manos de la provincia mientras se prepara la privatización», comentó.
«Por ello, y dentro de este contexto, proponemos que los municipios del sur tengan una participación activa. En un contexto de cambio climático, los ríos presentan variantes constantes en sus caudales, con mayor o menor disponibilidad de agua, y los gobiernos locales no pueden ser ajenos a ese proceso. El municipio es siempre el primer eslabón de reclamo ante cualquier contingencia», aseguró.
«No existe contradicción en que la provincia licite al sector privado y al mismo tiempo se dé lugar a la comunidad. Planteamos una auditoría por parte de los usuarios —que son los beneficiarios finales y quienes se ven impactados en la tarifa— y de los municipios como gobiernos locales. Es un mecanismo institucional de apertura e información que ya funciona con éxito en otras partes. Establecemos la obligatoriedad de audiencias públicas para brindar detalles precisos sobre números, montos, oferentes y coberturas de seguros», destacó.
Dudas sobre los seguros, tarifas energéticas y empresas oferentes
En otro tramo del reportaje, el legislador mendocino enumeró los principales interrogantes que persisten en la opinión pública respecto a las indemnizaciones cobradas tras el aluvión que afectó a las plantas y las dudas sobre las firmas interesadas en la concesión. «Existen dudas concretas en la sociedad que deben ser aclaradas. Una de ellas gira en torno a las pólizas de seguro: si se han cobrado o no, y a cuánto ascienden los montos percibidos por los daños ocasionados durante el episodio climático que afectó las instalaciones a principios del año pasado», apuntó.
«Otra inquietud central refiere a la nómina de concursantes e interesados en asumir la futura administración de las presas. Han surgido debates en medios locales y nacionales respecto de firmas vinculadas al Poder Ejecutivo Nacional, como el Grupo Neuss, lo cual requiere total claridad en un proceso público», enfatizó.
«Lo más crítico para nosotros es el impacto en la boleta de la luz. Hoy el complejo está funcionando solo con dos centrales operativas, lo que significa menor generación de energía y, por ende, un costo más elevado que termina repercutiendo directamente en la tarifa que paga el usuario mes a mes. Todas estas respuestas deben ser de cara a la ciudadanía y no quedar resueltas en un cuarto cerrado sin explicaciones», manifestó.
Tramitación parlamentaria en la Legislatura
Finalmente, el diputado sancarlino se refirió al estado del expediente en las comisiones de la Cámara de Diputados, confiando en lograr consensos al no representar una erogación presupuestaria para el Estado. «El proyecto se encuentra actualmente en debate dentro de las comisiones de la Legislatura. Pretendemos obtener despacho de comisión durante el transcurso de esta semana para poder llevarlo a discusión al recinto en la sesión de la semana próxima», declaró.
«Para lograr su aprobación estamos manteniendo conversaciones con todos los bloques políticos. Se trata de una iniciativa sensata que no genera ningún tipo de gasto ni erogación presupuestaria para el Poder Ejecutivo provincial; su único propósito es aportar transparencia y echar luz sobre un proceso licitatorio que ha generado incertidumbre en la comunidad», expresó hacia el final de la comunicación.
