Las tormentas de granizo registradas en las últimas semanas en el sur provincial reactivaron una discusión que viene creciendo en Mendoza: la necesidad de avanzar hacia una reconversión productiva en zonas donde el riesgo climático es alto y la rentabilidad de los cultivos tradicionales viene en caída.
Desde sectores del Gobierno provincial volvieron a señalar que viñedos y frutales suelen sufrir con especial severidad estas contingencias, por lo que se busca incentivar alternativas que toleren mejor el granizo y ofrezcan mejores márgenes.
Entre las opciones mencionadas aparecen ganadería, pasturas/forrajes, papa semilla, y también producciones como tomate, almendros, pistacho y alfalfa.
En ese marco, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, fue contundente al señalar que hay fincas donde el riesgo ya no permite sostener el esquema actual: “hay productores que están en zonas donde el riesgo es altísimo, y tienen que cambiar”, expresó en diálogo con Los Andes.
El funcionario anticipó además que, luego de la cosecha, el Gobierno presentará un paquete de medidas con foco en “reconversión varietal y cambio productivo”, con ejes en papa semilla, pasturas y ganadería, apuntando a “incentivar esos cambios”.
UN ESCENARIO COMPLEJO
Sin embargo, el debate se da en un escenario complejo. Productores de uva y fruta de carozo atraviesan una combinación de factores adversos —precios bajos, menor consumo interno y un contexto de mayor competencia por importaciones, sumado al impacto de las contingencias— y analizan opciones entre reconvertir, sostenerse como puedan o invertir en protección.
En paralelo, vuelve a aparecer la alternativa de la tela antigranizo, aunque muchos advierten que los costos resultan difíciles de afrontar para una economía regional golpeada. También pesa un factor social: una parte importante de los productores sureños es de edad avanzada y no ve viable “reinventarse” tras décadas ligadas a viñedos, ciruelas o duraznos.
Mientras tanto, muchos esperan definiciones sobre un eventual programa que —según se plantea— debería contar con recursos públicos para acompañar el salto hacia cultivos más “sostenibles” y alineados con la demanda nacional e internacional.
