La Justicia federal fijó una nueva fecha de indagatoria para el financista Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y defraudación vinculadas al fútbol argentino. El juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, advirtió que si no se presentan el 26 de mayo serán declarados en rebeldía y se ordenará su detención.
La medida se tomó luego de que los imputados no comparecieran a una citación previa y de que la Cámara Federal de La Plata rechazara los planteos de la defensa, lo que despejó el camino para avanzar con las audiencias sin nuevas demoras. La resolución también tuvo en cuenta el pedido de la fiscalía y de la querella, que habían solicitado la detención inmediata para garantizar la presencia de los acusados.
Una causa que involucra al fútbol y suma imputados
La investigación apunta a un esquema que habría combinado el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con la canalización de fondos a través de sociedades y fideicomisos. Según la fiscalía, se utilizaron estructuras financieras para desviar dinero y dificultar su trazabilidad, incluyendo préstamos en efectivo y triangulación de ingresos.
En este contexto, el juez amplió el alcance de la causa y citó a declarar a dirigentes del club, entre ellos su presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos en distintos grados de participación.
La pesquisa reconstruye operaciones realizadas con Sur Finanzas, empresa vinculada a Vallejo, que habría otorgado préstamos en dólares con tasas elevadas y condiciones que comprometían seriamente las finanzas del club. Parte de esos movimientos se habrían realizado sin registros bancarios, lo que impidió controles formales.
Además, se investiga la utilización de un fideicomiso para centralizar ingresos provenientes de sponsoreo y cuotas sociales, desviándolos de las cuentas oficiales. Allanamientos realizados en el marco de la causa permitieron secuestrar documentación, cheques y otros elementos que refuerzan la hipótesis de la fiscalía.
El expediente se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia por evasión impositiva millonaria. Desde entonces, la causa avanzó con múltiples medidas judiciales y ya cuenta con procesamientos, mientras se profundiza el análisis sobre movimientos financieros que superarían los 880.000 millones de pesos.
