Un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) ha puesto en evidencia graves irregularidades en el sistema de pensiones por invalidez en distintas zonas en el país. El economista Hernán Zanghellini, referente de la entidad, señaló que la distribución de estos beneficios muestra una enorme desigualdad entre las provincias, con casos de fraude masivo que requieren una auditoría urgente, pero bien planificada. En Argentina hay 25 pensiones cada 1.000 habitantes, mientras que es países de la región, la cifra baja a 15 cada 1.000.
«El informe de IDESA revela una disparidad alarmante en la entrega de pensiones por invalidez en Argentina. Un ejemplo de ello es el caso de Chaco, donde se registran 86 pensiones por cada 1.000 habitantes, una cifra que es 10 veces mayor que la registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo más curioso aún es que en algunas provincias hay más pensiones que certificados oficiales de discapacidad. Hay muchas sospechas de irregularidades», dijo Zanghellin a FM Vos 94,5.
Más adelante, el economista proporcionó un dato contundente para ilustrar la situación. «Hoy, casi 1.2 millones de personas en Argentina cobran una pensión no contributiva por invalidez. En 2001 eran cerca de 75.000 (ACLARACIÓN: Hasta 2003, regía un sistema de “alta por baja”, donde solo se podía acceder a una pensión nueva cuando otra se perdía. Posteriormente, durante 2 décadas los requisitos estuvieron regulados por el Decreto 432/1997, que exigía un 76% de incapacidad laboral. En 2012 y 2023, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tanto en 2012 como en 2023, instó a Argentina a flexibilizar los criterios para el otorgamiento de pensiones, incrementar su monto y eliminar las incompatibilidades con otros ingresos). En poco más de dos décadas, el sistema se multiplicó por 16. Pasó de cubrir al 0,2 % de la población a más del 2,4 %. Este crecimiento explosivo, que ha llevado a que Argentina tenga un promedio de 25 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes (casi cuadriplicando lo que se observa en otros sistemas de países vecinos), ha sido el motor de las auditorías», sostuvo el entrevistado.
Irregularidades en la gestión y el castigo a los inocentes
En otro tramo de la nota, Zanghellini explicó que el problema se ha vuelto más grave con el tiempo, ya que, según su opinión, el sistema se ha ido volviendo cada vez más permeable a la discrecionalidad y a las irregularidades. «En provincias del norte como Chaco, Santiago del Estero y Formosa se han otorgado pensiones de manera más laxa, creando una enorme disparidad», aseveró.
No obstante, el economista criticó duramente cómo se han llevado a cabo las auditorías del gobierno de Javier Milei para corregir este fraude. «Se ha citado masivamente a personas con discapacidad haciéndolas esperar horas y hasta hubo casos de suspensiones arbitrarias de los beneficiarios. Esa mala gestión ha terminado maltratando a quienes realmente necesitaban la asistencia sin lograr su objetivo de depurar el sistema. Como consecuencia, el plan de auditoría ha quedado suspendido sin arrojar conclusiones útiles», expuso Zanghellini.
La Solución: auditorías eficaces y gestión profesional
Para Zanghellini, la solución al problema debe abordarse desde un doble frente. «Por un lado, se necesita auditar y depurar los padrones para detectar fraudes y liberar los recursos que se están malgastando. Estas auditorías, sin embargo, no pueden ser masivas y desordenadas. Deben ser planificadas, utilizando el cruce de las bases de datos para priorizar los manejos más sospechosos, comenzando por los casos en que no existe un certificado oficial de discapacidad», planteó.
«Por otro lado, la gestión del Estado debe ser profesionalizada con equipos técnicos y herramientas más modernas», añadió.
Por último, el especialista señaló que las irregularidades en las provincias del norte se deben a que el sistema es mucho más permeable a la discrecionalidad política y a las irregularidades y al clientelismo. «Esto muestra que el problema no es la discapacidad en sí, sino cómo se gestionan las altas y los controles en esos territorios», concluyó.
Pensiones por invalidez por provincia cada 1.000 habitantes:
Chaco 83
Santiago 76
Formosa 65
Misiones 61
Corrientes 58
La Rioja 43
Catamarca 49
Salta 39
Tucumán 38
San Luis 30
Entre Ríos 30
San Juan 30
Jujuy 28
Río Negro 23
Mendoza 23
Córdoba 22
La Pampa 21
Buenos Aires 17
Neuquén 16
Chubut 15
Santa Cruz 14
Santa Fe 13
CABA 8
Tierra del Fuego 7
