Un jubilado mendocino inició una demanda judicial multimillonaria contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca por $152.058.050, alegando que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia directa de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, su reclamo se enfrenta a un gran obstáculo: la Ley 27.573, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que protege a los laboratorios de acciones legales.
Esta norma, promulgada en plena pandemia, permitió al Gobierno firmar contratos con las farmacéuticas que las eximen de responsabilidad legal por posibles efectos adversos de las vacunas. Además, establece que los contratos son secretos y no permiten juicios directos contra las empresas. Esto obliga a los damnificados a recurrir a un mecanismo administrativo, el Fondo de Reparación Covid 19, que ofrece montos fijos y bajos, y solo cubre efectos «graves» y «científicamente comprobados».
Un reclamo integral y la lucha contra un sistema adverso
El jubilado mendocino no solo reclama el daño físico, sino que detalló cada rubro de su demanda:
- Daño moral y físico.
- Daño emergente (gastos médicos).
- Incapacidad sobreviniente (por la secuela permanente).
- Pérdida de chance (no puede manejar maquinaria agrícola, hacer deportes ni viajar).
- Daño punitivo (una sanción ejemplar contra AstraZeneca).
El empresario, a diferencia de muchos otros afectados, pudo costear los peritajes y la representación legal necesarios para impulsar el juicio. La ley impone la carga de la prueba completamente sobre la víctima, dificultando el acceso a la justicia para quienes no tienen los recursos para financiar peritos y abogados.
Además, el reclamo del jubilado busca impugnar la Ley 27.573, lo que podría abrir una discusión constitucional sobre el derecho a la reparación de los posibles damnificados por las vacunas.
NA
