En el marco de un contexto económico adverso, las universidades públicas argentinas están luchando para sobrevivir y sostener su funcionamiento. Ante la posibilidad de un veto presidencial a la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Docente, las instituciones educativas han decidido organizar una serie de protestas en todo el país. Este panorama ha despertado una ola de preocupación entre los rectores, quienes advierten sobre el impacto que los recortes podrían tener en la calidad y accesibilidad de la educación superior.
En San Rafael, el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero Augusto Roggiero, expresó a Diario San Rafael y Fm Vos 94.5 su preocupación: “El desprestigio y el ataque constante hacia la universidad pública nos están llevando a una posición de defensa. No somos personas que disfruten estar en la calle; queremos formar profesionales, desarrollar ciencia y tecnología, pero nos vemos obligados a salir porque el ajuste presupuestario nos asfixia”.
La situación se agrava aún más cuando se observan los números. “Un docente universitario gana 150 mil pesos sin antigüedad, lo que significa que el 60% de ellos está por debajo de la línea de pobreza”, denunció Roggiero. Además, subrayó que, tras varios ajustes, la universidad ha tenido que dejar de lado obras de mantenimiento y mejoras en infraestructura para poder cubrir gastos esenciales, como los servicios básicos de luz y agua, cuyos costos se han incrementado notablemente.
La crisis no solo afecta a los docentes y el mantenimiento de los edificios, sino también a los estudiantes, especialmente a aquellos que dependen de becas para continuar sus estudios. “Hoy, una beca estudiantil es de 35 mil pesos. Con ese monto es imposible cubrir siquiera el transporte, mucho menos el alquiler o la comida. Esto está obligando a muchos estudiantes a abandonar sus carreras porque sus familias no tienen cómo sostenerlos”, alertó el decano.
Ante este panorama, la respuesta del sistema universitario ha sido contundente: se convocó a una marcha federal para el próximo 2 de octubre en distintos puntos del país. En San Rafael, la movilización se realizará desde la rotonda de la Bandera hasta el Kilómetro Cero, donde se espera una gran participación de la comunidad educativa y la sociedad en general. “Invitamos a toda la sociedad a que nos apoye, porque no se trata solo de las universidades, sino del futuro de Argentina. Si no defendemos la educación pública ahora, es probable que desaparezca”, enfatizó Roggiero.
El documento emitido por los rectores está dirigido a tres actores fundamentales: el presidente de la Nación, los legisladores y la sociedad. A los primeros, se les pide que recapaciten sobre la importancia de la universidad como solución a los problemas del país. “No podemos permitir que la universidad sea arancelada. Muchos jóvenes no tendrían un lugar donde estudiar si no fuera por la universidad pública. Estamos pidiendo que el presidente no vete esta ley tan necesaria”, manifestó el ingeniero.
A los legisladores, los rectores les exigen que, en caso de un veto, insistan en la ley y defiendan la educación pública como bandera, manteniendo su compromiso con los votantes. Y a la sociedad, se le hace un llamado a involucrarse activamente en esta lucha, porque el impacto del recorte no solo afecta a las universidades, sino al país entero. “Queremos que las familias sepan que si no defienden a las universidades, sus hijos y nietos pueden quedarse sin un futuro profesional”, sostuvo Roggiero.
El conflicto también incluyó críticas del gobierno nacional, que en algunos casos ha señalado un manejo político ineficiente dentro de las universidades. Sin embargo, Roggiero desestimó estos señalamientos, considerándolos parte de una estrategia para desprestigiar a las instituciones. “Nos auditan constantemente, estamos conectados a un sistema de información donde se puede verificar todo. Esto no es más que una narrativa de posverdad, sin fundamentos, diseñada para sembrar dudas sobre el sistema universitario”, afirmó.
En los últimos días, ha surgido además la preocupación sobre la posibilidad de transferir el control de las universidades al ámbito provincial, una propuesta que Roggiero consideró inconstitucional y peligrosa: “Imagínense la falta de equidad en distintos puntos del país. No todas las provincias podrían sostener el sistema universitario. La fortaleza de nuestras universidades radica en su presencia nacional y en la calidad académica que ofrecemos”.
La defensa de la universidad pública no solo se trata de una cuestión presupuestaria, sino de mantener viva la misión de las universidades: formar profesionales, desarrollar ciencia y tecnología, y aportar conocimientos para un país mejor. El mensaje de los rectores es claro: la educación pública es un derecho que no debe ser sacrificado por decisiones políticas o económicas.
La marcha del 2 de octubre será una nueva oportunidad para que la comunidad universitaria y la sociedad se unan en un reclamo común: salvar a las universidades públicas de un futuro incierto.
