El Senado aprobó y convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, un paquete que reordena contratos, costos y herramientas de gestión en el sector privado. La norma modifica registración, jornada, sistema indemnizatorio y aportes sindicales, y propone incentivos para formalizar empleos y estimular inversiones productivas en el país.
Entre las novedades operativas figura la digitalización del registro laboral: bastará anotarse en la ARCA para acreditar la relación laboral y se validan los libros electrónicos por diez años. En cuanto a los salarios, la ley obliga el pago por bancos o entidades oficiales y prohíbe el uso de billeteras virtuales para abonar haberes.
Banco de horas y vacaciones
La ley habilita la creación de un banco de horas mediante acuerdos escritos, para compensar horas extra con descansos respetando los límites de jornada y pausas. Se mantiene la ventana de vacaciones entre octubre y abril pero ahora las partes pueden acordar fechas fuera de ese lapso y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días.
Aportes, prueba y formalización
El texto fija topes a las contribuciones pactadas en convenios: los aportes patronales a cámaras no podrán exceder el 0,5% y serán voluntarios desde 2028; los gremios no podrán cobrar más del 2% a afiliados o no afiliados. Además se amplía el período de prueba a seis meses (ocho en firmas de hasta cinco empleados).
En un giro significativo, la ley suprime las multas por trabajo no registrado previstas en la Ley 24.013 y establece un plan de incentivos para la regularización. Los empleadores que blanqueen deberán saldar las diferencias salariales y previsionales adeudadas, pero quedarán liberados de sanciones administrativas que hoy pesaban sobre la planilla.
Para afrontar desvinculaciones se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por aportes obligatorios: grandes empresas 1% y MiPyMEs 2,5% de remuneraciones, con posibilidad de aumento por decreto con aval bicameral. Además los convenios podrán acordar fondos de cese capitalizados a favor del trabajador en reemplazo de la indemnización tradicional.
La reforma laboral también reduce cargas sociales (1 punto para grandes empresas y 2,5 para MiPyMEs) y crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI). Se autoriza el pago de sentencias laborales en cuotas —seis para grandes empleadores, doce para MiPyMEs— y la implementación quedará sujeta a la reglamentación que fije el Ejecutivo.
Fuente: Radio Mitre
