Hay errores de comunicación que pueden resultar anecdóticos. Y hay otros que, por la sensibilidad del tema y por el nivel institucional de quienes los protagonizan, terminan transformándose en un problema político. Lo ocurrido con la Lucha Antigranizo pertenece claramente al segundo grupo.
El 1 de septiembre, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, firmó una nota dirigida al intendente de General Alvear, Alejandro Molero, en la que comunicó formalmente la decisión del Gobierno provincial de “ceder” a San Rafael y General Alvear dos de las cuatro aeronaves que integraban el sistema provincial, para que ambos municipios pudieran continuar con la lucha aérea si así lo consideraban. Incluso se anunciaba la disponibilidad de recursos técnicos vinculados al radar. No era un trascendido, una interpretación periodística ni una declaración sacada de contexto: era una comunicación oficial firmada por el propio Ministro.
Sin embargo, apenas un día después, Vargas Arizu explicó en exclusiva a FM Vos 94.5 que la realidad era otra. Mendoza decidió vender los cuatro aviones y lo ofrecido a los municipios del Sur es simplemente la posibilidad de adquirir dos de ellos antes de que lleguen a una subasta pública. Ante la consulta concreta, confirmó además que San Rafael y Alvear solamente podrán disponer de las aeronaves si las compran. La Provincia podría ofrecer facilidades de pago, pero también quedarían a cargo de los municipios el mantenimiento posterior y otros costos operativos.
No estamos frente a una discusión semántica sobre el significado de una palabra. Ceder no es vender. Mucho menos cuando del otro lado hay dos municipios que deben definir presupuestos, recursos y una estrategia para proteger miles de hectáreas productivas frente al granizo. Entre recibir dos aeronaves y tener que comprarlas existe una diferencia económica, administrativa y política demasiado grande como para reducirla después a una simple “aclaración”.
El episodio también termina dándole sentido al planteo realizado desde la Cámara de Comercio de San Rafael, que reclamó que Vargas Arizu viniera personalmente al departamento a explicar la decisión de terminar con la Lucha Antigranizo provincial. Cuando una política que genera semejante preocupación entre productores, entidades y municipios se comunica mediante notas, anuncios y posteriores rectificaciones, el pedido de explicaciones cara a cara deja de parecer una cuestión protocolar para transformarse en una necesidad.
Vargas Arizu tiene derecho a defender la política que considera correcta y el Gobierno de Mendoza puede sostener que el Seguro Agrícola y las compensaciones constituyen una herramienta más eficiente que los aviones. Esa discusión es válida y merece darse con argumentos. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que un ministro comunique oficialmente una cesión un día y al siguiente tenga que salir a explicar que, en realidad, se trata de una venta.
Y el problema excede al propio ministro. Porque cada comunicación firmada por un integrante del gabinete representa al Gobierno de Mendoza y, en última instancia, al gobernador Alfredo Cornejo. En un asunto tan delicado para el Sur provincial, semejante contradicción no ayuda a construir certezas: las destruye. La producción necesita previsibilidad. Y, como mínimo, también necesita que cuando el Gobierno diga “ceder”, no descubramos 24 horas después que quiso decir “vender”.
