Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en marzo los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,7 veces del campo (origen) a la góndola (destino). Es decir, el «efecto sequía» comenzó a sentirse en la mesa diaria de los consumidores argentinos, quienes pagaron $3,7 por cada $1 que recibieron los productores.
La cebolla (15,9 veces), el limón (14,6), la calabaza (10,6), la naranja (6,5) y la mandarina (6,1), fueron los 5 productos que presentaron mayor diferencia entre los precios de origen y destino.
«Este índice lo hacemos mensualmente. La intención de CAME es concientizar al consumidor de cuánto percibe el productor por cada peso que se paga por un producto en la góndola. En marzo, de acuerdo al análisis que se realizó sobre 24 productos (19 de verduras y frutas, más cinco de origen animal), nos dio una brecha de 3,7 más, entre lo que se paga por el producto y lo que recibe el productor», explicó a FM Vos 94.5 Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de CAME.
«Si uno solo analiza los productos frutihortícolas la brecha se incrementa a casi a seis veces más. Hay que trabajar en la concientización porque los perjudicados son los consumidores y los productores. Estos últimos, en muchos casos, no tienen rentabilidad de su producción. A un productor se le paga 45 pesos el kilo de manzanas y en las góndolas salen más de 600 pesos», remarcó Vernengo.
Después, se refirió a qué se debe esta distorsión en el precio final de muchos productos. «Pusimos el foco en varias cadenas de valor y detectamos una alta presencia del Estado con una imposición tributaria altísima. La misma, según el producto, ronda entre un 39 y 43 %. Por otro lado, también tenemos todo un sistema de comercialización que a nuestro entender debe ser modificado en su totalidad. Un operador recibe una mercadería a consignación y le impone un precio cuando lo recibe y otro al final si no lo pudo vender, obteniendo una rentabilidad que puede alcanzar el 30 %, mientras un productor alcanza una ganancia de solo el 7%, si llega a ese porcentaje. Con en esta manera de operar ya podemos observar varias distorsiones de la propia cadena de valor, perjudicando al consumidor, quien debe pagar otro precio por el producto final en una góndola de un supermercado», argumentó el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME.
«Esta metodología de comercializar que hoy tenemos no es la adecuada, ningún gobierno le puso un parate a este sistema para ver de qué manera podemos empezar a resolver todo esto. A la larga, todo lo que dije recién tiene una alta incidencia en el valor final de la canasta familiar, por ende, opera en el índice inflacionario que nos golpea cada mes», agregó.
Para finalizar, dejó su visión sobre este tema. «En Argentina tenemos que empezar a hablar entre todos los actores de la cadena de valor sobre un comercio justo. Esto significa que quien produce esa mercadería debe tener una rentabilidad para poder hacer innovaciones tecnológicas y aumentar la productividad. Si se mejora la oferta ante la demanda, los precios deberían bajar. Hoy no es así, porque cada uno de los actores tratan de conseguir rentas indebidas. Hay que transparentar los procesos de comercialización», cerró.
