El sector vitivinícola, históricamente golpeado por la crisis de costos y precios, enfrenta ahora un nuevo motivo de preocupación: las recientes normativas emitidas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Rubén Blanes, vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, expresó un profundo descontento con las medidas, señalando que, si bien el sector busca modernización y eficiencia, esta debe basarse en la transparencia y la sustentabilidad, algo que las nuevas reglas no garantizan.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de dos mecanismos clave de control: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la trazabilidad del vino.
En diálogo con FM Vos 94.5, Blanes lamentó la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento esencial que servía como constancia de la entrega del producto en la bodega. «La eliminación del CIU, que siempre ha sido un documento esencial para nosotros, nos quita la única constancia de que el productor entregó la uva a la bodega. Con esta medida, no solo no se agiliza nada, sino que quedamos completamente desprotegidos», manifestó.
Dentro de ese marco, el dirigente también desestimó la propuesta de reemplazarlo con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV), ya que no simplifica el proceso y traslada la responsabilidad a otro sector.
El riesgo de la libre circulación y la falta de trazabilidad
La normativa que más genera alarma es la que permite la libre circulación del vino entre bodegas sin necesidad de un permiso de traslado, lo que, según Blanes, compromete seriamente la trazabilidad. «La trazabilidad se pierde por completo. Si el vino circula libremente entre bodegas sin permiso de traslado, yo no tengo la certeza de que mi producto esté allí. Un día llegaré a la bodega y mi vino no estará más, sin que haya un registro oficial de a dónde fue a parar», advirtió el entrevistado.
Esta falta de control, sumada a la decisión de hacer voluntarias las certificaciones de origen y dejarlas en manos de privados, podría desdibujar la identidad de los productos. «El vino de Mendoza va a ser fácilmente intercambiable con el vino de Córdoba o de Mar del Plata. Con la eliminación de los controles de movimiento, en ningún lado tendremos constancia de la verdadera procedencia ni de esos traslados», destacó el vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza.
Blanes fue enfático al señalar que, si bien es necesario desregular y eliminar la burocracia innecesaria, se debe ser cauto y conservar aquellas herramientas que garantizan la transparencia del mercado y la protección del productor medio, chico y mediano, a quienes la Asociación representa.
Un llamado a la escucha y al diálogo
Desde la Asociación de Viñateros, confirmaron que tienen previsto elevar sus inquietudes a las autoridades nacionales. El vicepresidente de la entidad espera que el gobierno provincial actúe como interlocutor ante las áreas nacionales. «Abogaremos siempre por mantener la trazabilidad y, sobre todo, esa identidad de origen. Es lo que identifica el valor y el esfuerzo puesto por el viñetero en cada botella», expresó Blanes.
El dirigente subrayó que sería atinado e inteligente que el gobierno nacional escuche estos planteos, ya que surgen de Mendoza, la principal provincia productora.
Finalmente, hizo una reflexión sobre la importancia de la cadena de valor en la provincia y la necesidad de una consulta exhaustiva antes de la toma de decisiones. «Mucho más atinado hubiera sido consultar a todos los integrantes de la industria antes de tomar una medida. Lo que se está poniendo en juego aquí es mucho más que una industria; es todo un tejido social que se mueve en función a la vitivinicultura», alertó hacia el final del reportaje.
A esto se le suma que, si hay un problema climático o bajos precios, el comercio y la vida social en las pequeñas ciudades del interior de Mendoza se ven afectadas, pues dependen directamente de la salud de la vitivinicultura.
