Ayer se cumplieron 5 años de aquella multitudinaria movilización que copó las calles de todo el país con un lema espontáneo, agudo y contundente: «Ni Una Menos».
El verano de 2015 había tenido un hito trágico con el brutal crimen de Lola Chomnalez, una adolescente argentina de 15 años asesinada en un balneario uruguayo. En mayo de ese mismo año, mientras se descubrían detalles escalofriantes del asesinato de Ángeles Rawson, ocurrió el femicidio de Chiara Pérez, la joven de 14 años asesinada por su novio, quien luego la enterró en el patio de la vivienda de sus abuelos en Santa Fe.
Las cifras de femicidios siguen siendo alarmantes: según la asociación Casa del Encuentro, en 2015 se registraron 286 casos; en 2016, 290; en 2017, 295; en 2018, 273; y en 2019, 327. Este año la tasa no parece disminuir: los relevamientos hablan de más de 130 femicidios, muchos de los cuales se vieron facilitados por la cuarentena. En estos cinco años, más de 1.450 femicidios han ocurrido en la Argentina. Y 1.527 niños y niñas quedaron sin su madre. Por esta situación, en 2018 se logró promulgar la Ley Brisa, que otorga una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima.
Quizás el mayor aporte del movimiento puesto en marcha hace cinco años sea que la violencia de género ahora se mide (no de manera oficial), se visibiliza, genera una reacción social. El gran cambio parece ser el reconocimiento de un problema que antes estaba naturalizado. En definitiva, dejamos de mirar para otro lado.
Sin embargo, considerar que ya está todo hecho sería un error de parte de quienes pretendemos lograr un verdadero cambio cultural en pos de la perseguida igualdad de género y del respeto entre todos y todas. Las cifras antes descriptas y muchas de las actitudes que, en general, se siguen vislumbrando en nuestro entramado social nos deben llevar a pensar que aún tenemos varias deudas por saldar en el trabajo de erradicar la violencia contra las mujeres y las diversidades.
