El Comité Asegurador Argentino (CAA) aseguró que el sector podría perder $30.000 millones en un solo día por la aplicación del Impuesto País a contratos de reaseguros concertados con anterioridad al 24 de julio, pero que aún se encuentran pendientes de pago.
Por las restricciones de acceso a los dólares, la norma estableció que el impuesto se debe abonar en el momento de efectivizarse la operación cambiaria, lo que perjudica a las empresas de seguro privado.
Además, se exceptuó del mismo a las aseguradoras y reaseguradoras estatales, generando un tratamiento desigual entre actores de un mismo mercado, motivo por el cual las aseguradoras privadas solicitan también ser exceptuadas del gravamen.
Es por ello que el CAA, ente que reúne a las cinco cámaras más relevantes del sector, emitió un comunicado para alertar sobre «la grave situación generada por la imposición del Impuesto País y su particular aplicación sobre la actividad aseguradora».
En el comunicado, indicaron que «la medida adoptada por el Ministerio de Economía, a través del Decreto 377/23, por el cual se extiende el Impuesto PAIS a distintas actividades, impactará negativamente en la industria aseguradora privada. Su alícuota de 25% recaerá en los contratos de reaseguros y pagos de siniestros en el exterior, incrementando costos en todas las cadenas productivas».
Cabe destacar que muchos de estos contratos de reaseguros ya se encuentran firmados, pero pendientes de ser abonados a la espera de recibir los dólares solicitados, demorados debido a la restricción cambiaria existente.
Según las proyecciones, la modificación implicará para el sector una pérdida estimada en $ 30.000 millones en un solo día. Según la Resolución General AFIP Nº5393, el impuesto se abona al efectivizarse la operación cambiaria, en este caso pendiente por razones ajenas al sector, afectando entonces de manera retroactiva.
«Esta situación representa un golpe a la sostenibilidad de la actividad aseguradora, altera las reglas de juego y no permite a los privados cumplir con sus obligaciones contractuales», aseguró el CAA.
Asimismo, atenta contra la libre competencia del sector, la reglamentación aclaratoria de AFIP según la cual los operadores estatales de Seguros tanto nacionales como provinciales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto País del 25% sobre los contratos de reaseguros.
«Esto automáticamente determinará, que los asegurados de grandes riesgos estén prácticamente obligados a comprar sus seguros en el Estado para evitar pagar el sobreprecio, que los privados sí deberán incluir», remarcaron.
El CAA considera la estatización de la actividad aseguradora, como un «golpe al mercado» que tiene como consecuencia el aumento del gasto público.
Por todo lo expuesto, desde el CAA exigieron a las autoridades «que se reglamente la exención del sector de este gravamen y que con efecto inmediato no se aplique en los contratos vigentes retroactivamente, que no se han podido pagar por razones ajenas a los Aseguradores. Y a su vez, que todos los actores de la industria aseguradora compitan con las mismas reglas y en igualdad de condiciones», concluye el comunicado.
