Dos hombres que se encuentran presos en el complejo penitenciario de El Cerrito fueron acusados, meses atrás, de golpear y abusar sexualmente de un joven interno. Esta semana, uno de ellos fue condenado en un juicio abreviado y el otro irá, en las próximas semanas a debate oral y público por los mismos hechos.
El condenado esta semana es José Andrés Farías Ranea, cuya defensa acordó con la fiscalía la admisión de la autoría del hecho contra la imposición de una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Así, el juez Néstor Murcia homologó el acuerdo y sentenció a Farías Ranea como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos personas, en dos hechos independientes en concurso real, por lo ocurrido en el complejo penal de El Cerrito, entre el 23 y el 24 de enero del año pasado (ver aparte).
En tanto, el otro acusado, Jonathan Oscar Castillo Gramajo, no aceptó un acuerdo e irá a juicio oral y público durante 2024.
Golpes y abusos en la cárcel
Según la investigación penal, entre el 23 y el 24 de enero del 2022 la víctima –un joven de 18 años que estaba detenido por una causa menor y que por decisión del Poder Judicial no podía estar en dependencias policiales, siendo alojado con presos con varios antecedentes- se encontraba en uno de los módulos del complejo de El Cerrito y fue golpeado por otros internos –entre ellos Farías-, lo que derivó en fracturas de sus manos. Al otro día, Farías interceptó al joven en el baño y abusó sexualmente de él.
El segundo abuso, en tanto, sucedió un día después, cuando la víctima estaba en el módulo junto a otros tres presos. En esa instancia, Farías y Castillo sujetaron al joven y el primero lo volvió a vejar con la complicidad de Castillo, quien sujetaba a la víctima durante el acto sexual.
A los hechos, sumamente graves per se, se suma lo que sería una falta de cuidado y hasta una connivencia por parte de los agentes penitenciarios que tenían a su cargo la vigilancia y el cuidado de los internos, lo que podría derivar en eventuales responsabilidades administrativas y penales contra los agentes estatales.
