Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de rebajas fiscales para la industria automotriz con el fin de incrementar las exportaciones y mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, estas medidas no tendrán un impacto significativo en los precios de los autos en el mercado interno.
En este sentido, todas las exportaciones del sector automotor que superen las cifras del año 2020, estarán exentas del impuesto a la exportación, que era del 4.5% para las automotrices y un 3% para las autopartistas.
Además, se implementará un beneficio fiscal para la importación de autopartes y se digitalizará el sistema Repo Stock. Esto permitirá agilizar y abaratar la importación de autopartes, ya que los aranceles bajarán del 35% al 12% cuando sean matrices metálicas, y del 24% al 12% cuando sean matrices plásticas.
Alberto Príncipe, titular de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se mostró conforme con las nuevas medidas.
«La verdad es que esto favorece a la industria nacional automotriz. Se trata de un beneficio para las terminales y no para el consumidor. Estos anuncios no tendrán un impacto significativo en los precios de los vehículos. Las medidas permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos, y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación», explicó ante los micrófonos de FM Vos 94.5 Alberto Príncipe.
«Es una buena iniciativa para sostener la permanencia de las marcas que producen en el país y que hoy atraviesan grandes dificultades. Muchas de ellas debieron paralizar sus plantas y suspender a los empleados por un tiempo determinado», añadió.
Luego, dijo que este tipo de medidas no afectará al mercado interno, pero sí a la exportación. «Aparentemente los precios de los autos no van a bajar en el mercado interno. Las automotrices van a poder vender más y mejor hacia afuera, es decir, exportar. Los anuncios son un paso positivo en el camino para mejorar la competitividad de la producción de la industria en Argentina que está destinada mayormente a los mercados externos de Brasil y México», remarcó Príncipe.
Después de esa aclaración, especificó los alcances de la medida. «Esto va a disminuir aproximadamente un 50 % de lo que se estaba pagando por el ingreso de autopartes. La producción de ese año se estima que será de 350 mil unidades. Estamos hablando de 100 mil unidades menos que en el 2023. Creo que se trata de una medida para recomponer al sector, hay 75 mil puestos de trabajo en juego, más otros 45 mil empleos más que genera la cadena de valor», sostuvo el referente del sector.
A su vez, planteó que para reactivar al mercado interno es fundamental el acceso al crédito. «Estamos expectantes a lo que puede llegar a suceder al respecto. No es la primera vez que no tenemos financiación, el problema mayor es el poder adquisitivo de la gente. Sin una recomposición de los salarios no vamos a poder avanzar. Necesitamos una reducción directa de los impuestos en lo que refiere a la venta de los automóviles al público. Debemos ver qué se puede modificar para que todo esto mejore», dijo el presidente de la CCA.
«El costo de un patentamiento o una transferencia no supera el 2% del valor del vehículo. Se distorsionó mucha la información sobre ese tema», aclaró. En ese sentido, defendió la función del Registro Automotor. «Es el organismo que nos otorga una seguridad jurídica. Sí estamos de acuerdo con que se debe avanzar sobre una modernización del sistema. El mismo existe desde hace más de 60 años y es uno de los más económicos en el mundo. Hay mucho desconocimiento en la materia. El 6% del valor total del vehículo son todos los abrojos que están pegados a la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA). Se debería avanzar con una quita de los impuestos que imponen las provincias y municipios. Los que tendrían que desaparecer son los impuestos al sellado», enfatizó.
«Existen muchas variables que se pueden modificar para abaratar las operaciones, pero el sistema actual funciona bien y se enmarca dentro de las normas de seguridad jurídica. Los controles son necesarios, del impuesto al sellado se colgaron todas las provincias e intendencias del país con un 3% del total de la transferencia», completó sobre el cierre de la comunicación.
