Días atrás, el gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar y prorrogar la norma 9378 de Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada.
Según queda establecido en la iniciativa, el cambio está destinado a los adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con créditos recibidos hasta noviembre de 2017 y propone un régimen de cancelación anticipada para quienes se adhieran, como así también una extensión de esa normativa en su vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.
La gestión de la deuda cuyas cuotas no se ajustan por el marco jurídico que las rige, implica mayores costos que el recupero mismo, dado que el pago mensual va de $30 a $5.000. Ante esto, el proyecto sostiene que mantener esta cartera crediticia genera costos y gastos administrativos en la gestión que resultan más onerosos de lo que en definitiva se pretende cobrar. Cabe destacar que, si no se cancelan las deudas respectivas, continúa el proceso de desadjudicación de la vivienda.
«Desde el principio de la gestión que venimos haciendo este trabajo que pone el foco sobre el recupero de las viviendas y el mal uso de las mismas. En ese sentido, se desadjudica a toda esa gente que aprovecha de la vivienda social y la pone en alquiler en las plataformas. Los procesos de estos casos están en una etapa administrativa para luego judicializarse. Las casas que se recuperan son otorgadas a otras familias», aclaró ante los micrófonos de FM Vos 94.5 Gustavo Cantero, titular del IPV.
«Con respecto al mal uso de la vivienda hay solamente 8 casos concretos, pero recibimos una importante cantidad de denuncias que estamos evaluando. Si la gente ya canceló el saldo de la casa puede hacer el uso que el propietario considere más conveniente. En algunos casos tienen permisos de alquiler», señaló.
Después, se refirió al proyecto de ley para modificar y prorrogar la norma 9378 de Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada. «Queremos prorrogar la normativa por dos años más, con la inclusión de algunas pautas nuevas en función de la deuda que tienen las personas. La cantidad de hipotecas que incluye esta ley es de aproximadamente 25 mil. De ese total, unos 14 mil cancelando la deuda están en condiciones de escriturar. Esto representa nada más que unos 200 millones de pesos. La intención del gobierno es darle una última oportunidad a toda esta gente para que regularicen la deuda. Ellos han tenido la suerte de tener una vivienda social a diferencia de muchos otros que no cuentan con un techo propio», sostuvo Cantero.
«La idea es que puedan escriturar las casas a su nombre y seguir tributando el impuesto inmobiliario y las tasas municipales», añadió.
Por otra parte, explicó cuáles son los programas con los que cuenta el IPV para avanzar en la operatoria de la construcción de nuevas viviendas sociales. «Hay dos líneas importantes de programas. Una es Mendoza Construye, en la cual se trabaja de forma conjunta con los municipios. La intención entregar nuevos barrios en San Rafael, los cuales se encuentran en un nivel de obra avanzado. En lo que respecta al programa IPV Mi Casa, que se enlaza con las empresas del sector privado, podemos decir que se trata de una operatoria centralizada. La misma cuenta con varias viviendas para entregar en los próximos meses. El gobierno provincial se comprometió en anunciar en octubre o noviembre nuevas operatorias para colaborar en la reducción del déficit habitacional que tiene Mendoza», sostuvo.
«La única forma de solucionar este déficit es trabajando de forma conjunta entre las entidades financieras y el sector privado con la participación del Estado infiriendo en la parte social. Lo que tenemos que tratar es de brindarle las mejores condiciones al sector privado. Deben tener la plena seguridad de que la inversión que realicen se va a recuperar. Estamos consensuando diferentes ideas para ver de qué forma se puede incentivar a los privados para que construyan viviendas sociales a los grupos que tengan capacidad de pago. El IPV no regala las viviendas, sino que ayuda a las familias a tenerlas. Hay que ser creativos para que las empresas privadas acompañen al Estado en lo que refiere a la solución habitacional», destacó al cierre del reportaje el titular del Instituto Provincial de la Vivienda.
