La pregunta no busca una fecha exacta en el calendario, sino el registro de una erosión silenciosa pero persistente: ¿en qué momento exacto nos acostumbramos a vivir sin democracia plena en la Argentina? La democracia no es solo la posibilidad de depositar un sobre en una urna cada dos años, sino la vigencia irrestricta de un sistema de frenos y contrapesos que hoy, bajo el mandato libertario y de sus socios, parece haber sido reducido a un estorbo para el ejercicio del poder absoluto. Nos hemos habituado a un paisaje donde la división de poderes se percibe como una anomalía que el Ejecutivo intenta corregir mediante el desacato y la confrontación permanente, instalando la peligrosa noción de que la voluntad de los Poderes Ejecutivos -y no solo el nacional, también ocurre en las provincias- está por encima del ordenamiento institucional.
Lo que ha cambiado en este tiempo no es solo el rumbo económico, sino la columna vertebral de la República. Estamos asistiendo a una preocupante normalización del incumplimiento, donde el Poder Ejecutivo selecciona qué leyes acatar y qué sentencias judiciales ejecutar. Cuando se ignora los fallos de la Justicia o se decide no aplicar normativas vigentes porque no coinciden con su dogma, se está rompiendo el pacto fundamental que sostiene el Estado de Derecho. La desobediencia institucional desde el vértice del poder es el camino más corto hacia la autocracia, ya que deja al ciudadano desamparado ante la arbitrariedad de quienes administran el Estado sin más límites que sus propias convicciones.
Esa costumbre de vivir en la excepcionalidad nos ha llevado a aceptar que el diálogo político sea reemplazado por el monólogo y que la deliberación parlamentaria sea vista como una pérdida de tiempo. La restricción del acceso a la información y la hostilidad hacia cualquier voz crítica son apenas los síntomas externos de una patología mayor: el desprecio por la legalidad cuando esta resulta inconveniente. Si el Ejecutivo se arroga la facultad de ignorar al Poder Judicial o al Legislativo, lo que queda no es una democracia liberal, sino un régimen personalista donde la ley es apenas una sugerencia que se cumple según la conveniencia del momento.
Es imperativo reaccionar ante esta somnolencia cívica que nos permite ver con indiferencia cómo se desmantelan los estándares de calidad institucional que tanto nos costó recuperar. La democracia muere un poco cada día con esta realidad. Recuperar la democracia plena exige, primero, dejar de estar acostumbrados a su ausencia parcial y entender que ninguna emergencia económica justifica el sacrificio de la salud institucional de la República. El silencio de hoy es el terreno donde se construyen los autoritarismos del mañana, y Argentina ya ha caminado demasiadas veces por ese sendero oscuro como para permitir que el olvido sea nuestra política de Estado.
