En un avance decisivo para la causa que investiga una red de ciberdelincuencia con base en San Rafael, la doctora Gabriela García Cobos, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, formalizó la imputación contra Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques. Los sospechosos enfrentan cargos que reflejan la magnitud de una ingeniería delictiva que afectó a víctimas en todo el territorio nacional.
Un complejo entramado legal
La fiscalía ha encuadrado el accionar de los detenidos bajo la figura de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), señalando a García Soto y García Gasques en calidad de organizadores. Esta calificación responde a la presunta existencia de una estructura coordinada y sostenida en el tiempo para la comisión de fraudes electrónicos.
Asimismo, se les atribuye la coautoría de 832 hechos de defraudación mediante el uso ilícito de datos de tarjetas de crédito y débito (artículo 173, inciso 15 del C.P.). Estos delitos se presentan en concurso real, lo que implica que cada hecho se considera de manera independiente para la escala penal, agravando significativamente la situación procesal de los acusados.
El sustento de la acusación
La imputación se sostiene tras una investigación de más de un año que permitió identificar un patrón de conducta criminal. Según el Ministerio Público Fiscal, los individuos utilizaban técnicas de phishing para capturar credenciales bancarias y luego ejecutaban transacciones fraccionadas para no encender las alarmas de los sistemas de seguridad.
Hasta el momento, se ha verificado que la maniobra alcanzó a 800 titulares de tarjetas, con un perjuicio económico consolidado de 78 mil dólares. La evidencia recabada en los recientes allanamientos en San Rafael, que incluyó la apertura de dispositivos y el secuestro de criptoactivos, fue fundamental para sustentar la acusación de la asociación ilícita y la multiplicidad de fraudes procesados en la jornada de hoy.
