Si la pandemia de Covid-19 y la normativa relacionada con la cuarentena preventiva lo permiten, el cuarto juicio por jurados populares en la Segunda Circunscripción Judicial (el sur de la provincia) tendrá lugar entre el 3 y el 6 de agosto próximos, en el Centro de Congresos y Exposiciones de nuestra ciudad.
Allí, los 12 ciudadanos seleccionados oportunamente deberán decidir si el policía alvearense Víctor Hugo Acuña es culpable o no de matar a su esposa, Lorena Segura. Acuña llega a esta instancia con la imputación del delito de “homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y por el vínculo” y arriesga una pena de cadena perpetua.
Tal como adelantara Diario San Rafael semanas atrás, a la audiencia preliminar donde se discute la prueba que se tendrá en cuenta durante el debate, le seguirá la audiencia de selección de jurados (sería el jueves 30 de julio desde las 9 de la mañana) y, una vez conformado el tribunal popular, se llevará adelante el debate en sí. Esto último ocurrirá a partir del primer lunes de agosto y durante tres jornadas. La jueza María Eugenia Laigle continuará encabezando la dirección técnica del juicio.
El lugar elegido no es casual: el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano” permite, por la amplitud de sus salas, albergar a las varias personas protagonistas del procedimiento judicial, incluido el público. Además, desde el Poder Judicial se aclaró que se implementarán todas las medidas sanitarias contestes con este especial momento que atravesamos por la pandemia.
¿Accidente u homicidio?
El 15 de abril de 2018 Lorena Segura (30) resulto muerta por un disparo que salió del arma reglamentaria de su esposo, el policía Acuña. El hecho ocurrió en el departamento que ambos compartían en la calle Paso de los Andes, de General Alvear.
El efectivo, en sede policial, afirmó que la pistola se accionó accidentalmente durante un forcejeo que mantuvo con Segura cuando ésta impidió que se quitara la vida de un disparo en la cabeza. Sin embargo, en la primera parte de la investigación que encabezó la fiscal Silvia Agüero surgieron pruebas que quitaron fuerza a esa hipótesis y que llevaron a la fiscal a considerar que Acuña había disparado ex profeso contra su esposa. Fue por eso que lo imputó del delito de “homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y por el vínculo” y ordenó su traslado a la penitenciaría de San Rafael. Allí permanece –y lo hará- hasta la realización del debate.
