La pandemia de Covid-19 puso en evidencia, entre otras cosas, la importancia de Internet para varias de las actividades humanas que se vieron restringidas por las cuarentenas que debieron imponer los gobiernos para intentar frenar el avance de la enfermedad. Y, en países como el nuestro, también quedó palmariamente demostrada la brecha digital entre quienes tienen un buen acceso a la gran red y quienes no, convirtiéndose este fenómeno en una nueva cara de la desigualdad que existe en nuestra población.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), por estos días en Argentina el 60% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 83%, a Internet. Además, los datos muestran que en nuestro país 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan Internet. No obstante, los servicios distan bastante de ser los ideales en cuento a calidad y costos si se los compara con otros países de la región y el mundo. Y en el interior del interior del país las cosas son más difíciles aún para quienes requieren de un servicio de calidad y a un precio propio de un bien que, hoy por hoy, se torna casi indispensable.
Asimismo, el incremento de la pobreza generado por la pandemia ha venido a profundizar la brecha digital en un país como la Argentina que tiene amplias regiones sin cobertura, sobre todo en las localidades más pequeñas y en las zonas rurales. De ahí la necesidad de promover políticas públicas que permitan avanzar en el objetivo de universalizar la conectividad, democratizar el acceso a la comunicación y establecer costos que estén en consonancia con la importancia de esos servicios.
Por último, vale rescatar la reflexión que hizo sobre este tema el investigador del Conicet y especialista en medios de comunicación Martín Becerra al observar que la reglamentación de prestaciones básicas universales en materia de comunicaciones es coherente con el carácter esencial de los servicios, hoy imprescindibles para acceder a la salud, a la educación, al trabajo y a la producción.
